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Fraude
Foto: VD/2019
Fuente: Comisiones Obreras
(CCOO) Valencia
09 de enero de 2019 |
EL FRAUDE VINCULADO A LAS PRÁCTICAS NO LABORALES ES
ESCANDALOSO Y RESULTA IMPRESCINDIBLE ATAJARLO CON
URGENCIA |
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• A juicio de Jóvenes CCOO, el Real
Decreto ley 28/2018 por el que el Gobierno asegurará que
las empresas, instituciones o centros de formación den
de alta en la Seguridad Social a quienes estén
desarrollando prácticas no laborales, constituye una
herramienta útil para reconocer el esfuerzo formativo de
la juventud y poner coto a los abusos y el fraude
existente.
Como resultado de las exigencias sindicales en el marco
del Acuerdo de Pensiones de 2011 y de la posterior
batalla legal emprendida por CCOO en los tribunales,
quienes se encontraban desarrollando prácticas con algún
tipo de ayuda económica pasaron en los últimos años a
ser dados de alta en la Seguridad Social con el objeto
fundamental de contribuir a completar carreras de
cotización a quienes retrasan su incorporación al
mercado de trabajo, prolongando su periodo formativo.
Sin embargo, quienes, desarrollando también prácticas no
laborales, no recibían ninguna contraprestación
económica siguen sin poder cotizar por ninguno de los
conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación
a los de cualquier trabajador en alta en el Régimen
General.
La reciente iniciativa del Gobierno, que pretende
responder a peticiones de CCOO, así como de otras
organizaciones estudiantiles y juveniles, debe servir
para detectar mejor y de forma eficaz la utilización
fraudulenta de las becas para encubrir lo que deberían
ser contratos laborales, además de contribuir a mejorar
las carreras de cotización de quienes –desde el momento
de su entrada en vigor– desarrollen prácticas no
laborales con o sin compensaciones económicas, así como
de quienes las desarrollaran en el pasado y quieran
ahora recuperar con carácter retroactivo hasta dos años
de cotización a la Seguridad Social.
Lo fundamental de la medida, no obstante, es que situará
en el mapa a la totalidad de los llamados ‘becarios’,
dado que deberán ser dados de alta con independencia de
si reciben o no algún tipo de ayuda. Saber cuántos son;
en qué empresas, instituciones o universidades se
encuentran, o si reciben o no contraprestaciones
permitirá a las Administraciones Públicas y a los
sindicatos detectar con más facilidad una realidad en
muchos casos fraudulenta, que encubre lo que deberían
ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena
cobertura del Estatuto de los Trabajadores.
El coste que las empresas o instituciones deberán asumir
por la cotización es tan reducido (inferior a los 40
euros mensuales) que no cabe alegar, como ha hecho la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
una disminución previsible y relevante de la oferta de
prácticas curriculares.
UNA HERRAMIENTA ÚTIL, PERO INSUFICIENTE
Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras
organizaciones sindicales y sociales, un nuevo marco
regulatorio para las prácticas no laborales que
garantice su carácter formativo y permita combatir
eficazmente el fraude. Por una parte, a través de la
creación de un ‘Estatuto del Becario’ que asegure una
formación de calidad –tutorizada, con ayudas económicas
y adecuadamente reglamentada– a quienes deben
desarrollar prácticas curriculares para completar su
itinerario académico. Y por otra, a través de la
supresión de las prácticas extracurriculares (aquellas
no vinculadas al currículo académico del estudiante),
transformándolas en contratos de trabajo dotados de
todos los derechos asociados a una relación laboral. |
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