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• La Sección Quinta de la Audiencia
Nacional confirma que el gestor anterior de la
Administración Penitenciaria, D. Ángel Yuste, repartió
de forma arbitraria e irregular fondos públicos hacia su
personal directivo en los Servicios Periféricos, así
como en los Servicios Centrales de Instituciones
Penitenciarias.
Justo hace un año, CCOO denunciaba el reparto irregular
y discriminatorio del remanente de productividad de
2017, generado por todo el personal de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, y que ascendía
a la cantidad global de 1.100.000 €, el cual se
distribuyó entre directores y gerentes, subdirectores y
administradores de los 84 centros penitenciarios,
quienes fueron favorecidos con un plus de productividad
adicional de 1800 euros, para los primeros, y 2.184
euros, en el caso de los segundos.
El pasado 21 de noviembre del año en curso, la Sección
Quinta de la Audiencia Nacional estimó el recurso de
apelación interpuesto por CCOO y declaró nulas de pleno
derecho las resoluciones de 23 de noviembre dictadas por
el anterior secretario general de Instituciones
Penitenciarias, D. Ángel Yuste, por las que acordó el
reparto lineal de toda la productividad entre los
puestos directivos.
Esta sentencia en apelación confirma que el reparto de
productividad se ha llevado a cabo sin respetar el
procedimiento legalmente establecido, que exige una
negociación previa con las organizaciones sindicales. La
Administración Penitenciaria podrá recurrir esta
sentencia, ya que es susceptible de recurso de casación
al Tribunal Supremo, en el plazo de 30 días a partir de
su notificación.
Desde CCOO seguimos denunciando la falta de negociación
que sigue manteniendo el Ministerio del Interior y los
responsables de la Administración Penitenciaria del
PSOE, que conservan una política penitenciaria
continuista del Partido Popular y dejan abandonado a su
suerte un servicio público esencial, faltan al respeto
del personal penitenciario, sin dignificar sus
condiciones laborales y retributivas, cuando son la
columna vertebral del sistema de ejecución de condenas.
Un ejemplo más de esta falta de respeto al personal
penitenciario y a sus representantes legítimos,
evidenciado después de tener conocimiento de esta
sentencia, ha sido cuando el actual secretario general
de IIPP, Ángel Luis Ortiz, ha vuelto a repartir más de 3
millones de euros en concepto de productividad, sin
negociar previamente con las organizaciones sindicales,
manejando fondos públicos como si fueran propios,
regalando sobresueldos por ésta vía clientelar y opaca.
El origen de esta inesperada disponibilidad de crédito
ha sido el resultado de aplicar los descuentos en nómina
realizados como consecuencia de la huelga en prisiones.
No se puede esperar cambio alguno haciendo la misma
política que el Gobierno del PP. La negociación está
muerta en prisiones, y los mismos gestores que
bloquearon la negociación, y que no respetaron la
legalidad vigente con el anterior Gobierno, continúan
teniendo altas responsabilidades con el actual.
El Ministerio del Interior no puede continuar marginando
al personal de Instituciones Penitenciarias. Como
ejemplo cercano y recientemente tenemos la transferencia
de más de 6.300.000 euros del presupuesto de la
Secretaría General de IIPP a la Guardia Civil, para
pagar gastos corrientes de una deuda contraída con el
Gobierno anterior.
Este dinero transferido es el ahorro que Instituciones
Penitenciaras hace al mantener el personal en unas
condiciones laborales tercermundistas, es el ahorro en
guantes de cacheo, que no cumplen los estándares de
seguridad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
que no impiden que el personal penitenciario se siga
pinchando y cortando por hacer su trabajo en un entorno
de elevados riesgos biológicos, ahorran con la salud,
poniéndola en severo riesgo.
Nos preocupa que una Administración, que debería ser
ejemplarizante con la legalidad vigente y servir los
intereses generales, no lo sea y continúe promoviendo
conductas poco éticas e impropias de gestores políticos
con amplios conocimientos jurídicos. |
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