• Los pescadores y las doce personas
recogidas frente a las costas de Libia siguen esperando
que se les conceda permiso para amarrar. CCOO expresa su
enérgica repulsa ante este abandono por parte del
Gobierno, que contraviene las normas internacionales y
olvida el respeto a los derechos humanos.
Hace una semana que, en cumplimiento del derecho
marítimo, el pesquero alicantino “Nuestra Madre Loreto”
rescató en aguas internacionales a doce migrantes. Desde
entonces la tripulación ha asumido su cuidado y
protección. Recordemos que el derecho del mar obliga al
salvamento de vidas humanas por encima de cualquier otra
consideración. Mientras, el Gobierno de España se niega
a asumir su responsabilidad.
Casi seis meses después de que el Gobierno de Pedro
Sánchez fuera aplaudido acogiendo al buque Aquarius que
transportaba a 629 migrantes rescatados por Sos
Mediterranée y Médicos Sin Fronteras, el pesquero
Nuestra Madre Loreto y su durísima situación cuestiona
el comportamiento del gobierno español y su política en
materia de inmigración. Tanto los pescadores como las
doce personas recogidas frente a las costas de Libia
siguen esperando que se les conceda el permiso para
amarrar. Cada día que pasa la situación es más
desesperada: cuentan con víveres, agua potable y
combustible para cinco o seis días más y el espacio
escasea al ser una embarcación de pesca con poco espacio
y todos los aparejos de pesca por la cubierta, donde
descansan las personas rescatadas del mar.
Ante este abandono del pesquero por parte del Gobierno,
CCOO expresa su enérgica repulsa, dado que contraviene
las normas internacionales y olvida el respeto a los
derechos humanos más básicos. El principio fundamental
de la no devolución de personas que estén en riesgo de
sufrir tratos inhumanos y degradantes no sólo es una
obligación legal asumida por nuestras leyes, por los
tratados internacionales firmados y ratificados por
España, y por nuestro ordenamiento jurídico interno,
sino que constituye, además, un signo manifiesto de
civilización y cordura al que ningún país debe ni puede
renunciar, salvo que quiera esconderse de sus más
elementales y humanas normas de convivencia.
En opinión de CCOO resulta inaceptable que el Gobierno
español, al igual que en su día hizo el Gobierno de
Italia, pretenda hacer creer a la ciudadanía que los
puertos de Libia son puertos seguros para las personas
migrantes. “La Convención de Ginebra es normativa clara
y específica para estos casos: el barco es de bandera
española y es obligación y competencia de nuestro
Gobierno autorizar su llegada a puerto español, para
saber si alguna de las personas migrantes son
solicitantes de protección internacional y así, tramitar
en tiempo y forma, su correspondiente solicitud”,
explica Lola Santillana, secretaria confederal de
Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones.
Acogiéndonos al derecho y al sentimiento humanitario,
CCOO pedimos al Gobierno español que permita el amarre
en puerto del pesquero, atendiendo a las doce personas
que salieron de Libia en dos pateras y fueron recogidas
por el barco español. “El Gobierno debe recoger la
oferta de la Vicepresidencia de la Comunitat Valenciana
de acoger con dignidad a las personas rescatadas y
salvarles así de una situación desesperada. Ninguna otra
opción es aceptable para nuestro sindicato”.
De todos es conocida la actual situación de Libia:
estado fallido, inexistencia de garantías, guerra entre
clanes, mercado de esclavos, maltrato generalizado a las
personas migrantes. Todas estas situaciones han sido
reconocidas por la propia agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Por ello, que el Gobierno
de España, que parece estar cambiando su modo de actuar,
alejándose de su posición humanitaria mostrada con la
acogida del Aquarius, señale como seguro al puerto de
Libia es un ejercicio de cinismo e irresponsabilidad
para un estado democrático.
Es imperioso que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y al Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación promuevan una política común
de migraciones sobre la base del máximo respeto a los
derechos humanos y de la solidaridad y compromiso de
todos los estados miembro de la Unión Europea. Está en
juego un modelo de sociedad europea democrática, que
siga defendiendo y protegiendo los derechos humanos y
ponga a las personas en la base de las políticas
comunitarias. |
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