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Cierre de webs sin control judicial
Foto: Pixabay/2018
Fuente: FACUA Consumidores en Acción
Valencia 27
de noviembre de 2018

ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
FACUA CONSIDERA QUE CERRAR WEBS SIN CONTROL JUDICIAL ES UN NUEVO ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

• La asociación rechaza el refuerzo a la Ley Sinde aprobado hoy en el Congreso con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos.

FACUA-Consumidores en Acción rechaza la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), conocida como Ley Sinde, que propone el cierre de páginas web sin la necesidad de autorización judicial previa y sin ningún tipo de control judicial en los procedimientos sancionadores. La asociación considera que esta medida supone un retroceso en materia de libertad de expresión, al dejar en manos de una comisión administrativa (la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual), en lugar de un órgano judicial, la clausura de una página.

El texto ha sido aprobado hoy por la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, con el voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, que han pactado el cambio. La enmienda actualiza un decreto ley aprobado por el Gobierno de Rajoy para transponer a la normativa española la directiva europea más reciente. Entonces, el PSOE y el resto de partidos de la oposición, criticaron que se aprobase sin consenso ni negociación, y pidieron que se tramitase en el Congreso como proyecto de ley para permitir aportaciones de todos los grupos parlamentarios.

FACUA alerta de la pérdida de libertades que puede suponer la enmienda, ya que será un solo órgano el que decida qué es una infracción, cuándo es reiterativa y cuándo es una reanudación, por lo que las decisiones podrían ser unilaterales y arbitrarias, lo que les permitirá saltarse el control judicial.

Además de esta reforma, la norma incluirá una decena de enmiendas pactadas entre PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, que incluyen, entre otras cuestiones, las tarifas que pagan radios y televisiones por el uso de obras sujetas a propiedad intelectual a las entidades de gestión de los derechos de autor (SGAE, AIE o AGEDI).

Tras su aprobación en el Congreso, ahora la nueva norma tiene que ser tramitada por el Senado y publicada en el BOE, para su entrada en vigor.

 

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