• La propuesta de la Generalitat
Valenciana es contraria al acuerdo estatal de empleadas
y empleados públicos para la recuperación de derechos
firmado en el mes de marzo.
El Área Pública de CCOO PV rechaza la propuesta
presentada por la Generalitat Valenciana para la
negociación de la distribución del incremento del 0.2%
de la masa salarial de los empleados y empleadas
públicas, por la que se excluye para 2018 al personal de
los sectores de justicia, educación y sanidad.
Este personal representa el 70% del personal empleado
público de la Mesa General de Negociación (MGN) y el
Consell, con esta propuesta, sustrae la posibilidad de
recuperar derechos en el desarrollo de este acuerdo.
Este pacto, firmado por CCOO, UGT y CSIF con el Gobierno
de España permitía recuperar parte de los derechos
arrebatados por los recortes durante la crisis,
incrementando en un 0,2% la masa salarial de empleados
públicos, que en este caso asciende a 9.800.000 de
euros.
Con la propuesta presentada por la Administración se
pretende desviar gran parte de este incremento para el
cumplimiento de compromisos adquiridos con el sector
público instrumental, incrementar las plantillas y
atender la homologación retributiva de parte de este
sector.
Para CCOO no es aceptable que la Generalitat pretenda la
distribución de unos fondos adicionales para 2018 del
personal de la MGN para otro que no forma parte de la
misma repartiendo entre el sector público instrumental
el dinero del personal estatutario y funcionariado de
educación y justicia para resolver su déficit
presupuestario. De ser así, la Generalitat castigaría de
nuevo a este personal, al hurtarles la posibilidad de
recuperar su poder adquisitivo. Agrava además la
propuesta el hecho de plantear esta situación de nuevo,
con otros porcentajes de distribución, para los años
2019 y 2020.
En la Mesa General celebrada el pasado mes julio, todos
los sindicatos con representación ya manifestamos
nuestro rechazo a esta propuesta por considerarla
discriminatoria. Por lo que sorprende que la propuesta
actual sea la misma.
Este sindicato asevera que, independientemente de lo que
fue trasladado sin acuerdo previo al Decreto Ley 3/2018
sobre estos fondos, no se puede excluir a las personas
empleadas públicas y destinar su masa salarial a cumplir
con compromisos de otros sectores, especialmente cuando
el incremento debería ir dirigido prioritariamente a
paliar la brecha salarial existente en estos sectores y
en especial a los más feminizados, requisitos que se
cumplen sobradamente también en los sectores de
justicia, educación y sanidad.
En opinión de este sindicato la Generalitat confunde los
términos, al mezclar las partidas presupuestarias
correspondientes a diferentes ámbitos de negociación. El
sector público instrumental tiene su propio ámbito en el
que debería negociarse la distribución del incremento
del 0,2% correspondiente a su masa salarial.
Por otra parte, el Acuerdo de empleados públicos estatal
no recoge que ese incremento del 0,2% pueda destinarse
para crear nuevos puestos como pretende el Govern. En su
traslación a los PGE 2018 se establece que tiene que ir
destinado entre otros a la mejora de la productividad,
la revisión de los complementos específicos con
funciones equiparables o planes de pensiones. Este
sindicato recuerda al Consell que para recuperar las
plantillas el acuerdo prevé la posibilidad de
incrementar la tasa de reposición al 105%.
CCOO insta al Consell a plantear una propuesta, en la
próxima Mesa General del día 8 de noviembre, que suponga
una distribución equitativa y justa para todos los
sectores representados en la Mesa General, sin
exclusiones y teniendo en cuenta el peso de cada sector
en la masa salarial y la problemática existente en cada
ámbito. Del mismo modo, instamos a que consigne la
partida presupuestaria necesaria para atender los
compromisos adquiridos en el Sector público instrumental
en el concepto que corresponda.
De mantener la Generalitat su propuesta, este sindicato
estudiará la adopción de las medidas que considere
oportunas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo
firmado con el Gobierno central, que viene recogido en
Ley de PGE 2018. Además, velará por la garantía de los
derechos de la mayoría de los trabajadores y
trabajadoras con representación en la MGN. |
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