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Justicia
Foto: Pixabay/2018
Fuente: FACUA Consumidores en
Acción Valencia
11 de octubre de 2018 |
FACUA CRITICA QUE EL GOBIERNO NO TRANSFIERA LEXNET AL
PODER JUDICIAL Y SIGA GESTIONÁNDOLO JUSTICIA |
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• El PSOE había apoyado el traspaso
cuando estaba en la oposición para "acotar la separación
de poderes". Ahora, el Ejecutivo dice que su control por
el Ministerio no perjudica la independencia judicial.
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no
tenga intención de transferir los servidores y la
gestión del sistema LexNet al Poder Judicial, y siga
manteniéndolo el Ministerio de Justicia, pese a que
durante la etapa anterior del PSOE en la oposición se
había posicionado a favor del traspaso para "acotar la
separación de poderes".
La asociación considera imprescindible que, para
garantizar la independencia del Poder Judicial, el
control de un sistema como LexNet esté exclusivamente en
manos de este. Para FACUA no puede existir separación de
poderes cuando el Gobierno tiene acceso a toda la
información sobre procedimientos judiciales de sus
ciudadanos, así como a las distintas causas que llevan
jueces y abogados. Esto puede provocar que el Ejecutivo
tenga la capacidad de fiscalizar la judicatura e influir
en ella, al conocer al detalle los casos que llevan a
cabo.
FACUA también critica que, mientras LexNet se encuentre
gestionado por el Gobierno, se le ha quitado el control
de los procedimientos judiciales a los propios juzgados
ya que, de ser los encargados de recepcionar y custodiar
la documentación, ahora pasa a manos del sistema
informático, además de permitir al Ejecutivo controlar
una información a la que no debería tener acceso.
El cambio de posición del PSOE con respecto a la gestión
de LexNet se ha conocido a través de una respuesta del
Gobierno a una pregunta realizada por el senador de
Podemos Joan Comorera. En ella, el Ejecutivo de Sánchez
niega que la separación de poderes se vea afectada por
"el hecho de que los medios personales y materiales
(incluyendo aquellos electrónicos) sean proporcionados
por las administraciones prestacionales, esto es, por el
Ministerio de Justicia y por doce Comunidades
Autónomas", a la vez que ha recordado que el reparto
competencial fue avalado por el Tribunal Constitucional.
De igual forma, el Gobierno ha afirmado que cualquier
tratamiento de los ficheros judiciales se verifica
mediante un acuerdo con el Congreso General del Poder
Judicial y que, en cualquier caso, la normativa
establece como responsable del tratamiento al "órgano
judicial que conozca el procedimiento", especificando
que el fichero queda bajo dependencia del Secretario
Judicial, encargado también de la custodia de toda la
documentación en los órganos judiciales.
Además, el Ejecutivo también ha comunicado que la
normativa recoge que las administraciones públicas sólo
podrán hacer uso de la información extraída del fichero,
nunca de este, y tras una decisión que adopten sus
órganos en cumplimiento de las competencias que les
atribuya el ordenamiento jurídico. Para el Gobierno, por
tanto, "no se produce injerencia por parte del Poder
Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y en el caso de que
sucediera la legislación de protección de datos
establece ya el correspondiente régimen sancionador". |
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