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• El Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (TAC), en su Resolución 632/18,
anula las cláusulas de unos pliegos que orillaron las
obligaciones en materia social impuestas por la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP), concluyendo además
que ha de revisar su propia doctrina precedente a fin de
incorporar las nuevas obligaciones impuestas por la ley.
Un Ayuntamiento de Murcia licitó el 7 de mayo de 2018,
mediante procedimiento abierto, la adjudicación de un
contrato de servicios cuyo objeto era el “servicio de
ayuda a domicilio para personas dependientes”,
interponiéndose recurso especial en materia contractual
frente a los pliegos publicados por una empresa del
sector por entender que vulneraban la LCSP, ya que en
los pliegos no figuraba desglosado el coste de los
salarios a partir del convenio colectivo de referencia,
ni tenían en cuenta en el precio mínimo de licitación
los costes derivados de la normativa laboral, y
singularmente los derivados del convenio colectivo
sectorial de aplicación.
El TAC, tras realizar un examen de los preceptos de la
LCSP que ponen en cuestión la licitación –básicamente
artículos 1, 100 a 102, 149 y 201-, parte del mandato
expreso que, ya desde el artículo 1 de la Ley, obliga a
incorporar criterios sociales y medioambientales a fin
de obtener una mejor relación calidad-precio en la
adjudicación, concluyendo que ha de revisar su propia
doctrina sentada en resoluciones anteriores, a fin de
incorporar como nueva obligación impuesta por la Ley que
el coste mínimo de licitación no puede estar por debajo
de los costes derivados de los convenios colectivos.
El Tribunal reafirma la interpretación de CCOO sobre el
significativo avance en materia social que suponía la
nueva Ley de Contratos, haciendo especial hincapié
precisamente en los preceptos que dan origen a la
nulidad de los pliegos acordada en esta Resolución, los
que hacen referencia al presupuesto base de licitación,
el valor estimado y el precio. Uno de los mayores
problemas a nivel sindical en la contratación pública se
daba porque los precios por los que licitaban las
empresas no cubrían el coste de los salarios derivados
de los convenios colectivos aplicables, siendo habitual
que el precio de licitación por unidad de trabajo
resultase inferior al contemplado en el convenio
colectivo.
Si a ello unimos –art. 149 LCSP- que el órgano de
contratación está obligado a rechazar las ofertas cuando
compruebe que la licitación a la baja se sustenta en la
vulneración de la normativa sobre subcontratación o el
incumplimiento de las obligaciones laborales, incluido
el convenio colectivo sectorial y que tiene obligación –arts.
201 y 202- de garantizar que los contratistas cumplen
con las condiciones sociolaborales, incluidas las
contenidas en los convenios colectivos, parece evidente
que contamos con una fuente de garantía, anteriormente
inexistente, del cumplimiento de las condiciones
laborales por parte de contratistas y subcontratistas,
desde el inicio de la licitación, como refleja la
Resolución objeto de esta nota, hasta su completa
ejecución.
Las novedades contenidas en la LCSP en este y otros
artículos son novedades que tienen su origen, entre
otros, en las aportaciones de CCOO tanto para el Informe
del Consejo Económico y Social cuando dictaminó el
Anteproyecto de Ley, como en las propuestas de enmiendas
remitidas a los diferentes Grupos Parlamentarios. |
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