• La ministra de Hacienda ha inventado
que España no puede bajar el impuesto en la factura
eléctrica "de forma discrecional, sino en armonía con el
resto de países". Bélgica lo hizo hace cuatro años.
FACUA-Consumidores en Acción considera bochornoso que la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya
inventado que España no puede reducir el IVA de la
factura eléctrica de las familias cuando la directiva
europea que regula el impuesto permite expresamente a
los Estados miembros aplicar tipos reducidos a éste y
otros suministros domésticos.
La ministra Montero ha afirmado esta semana que el
Gobierno no puede bajar el IVA de la luz "de forma
discrecional, sino en armonía con el resto de países".
Pero lo cierto, advierte FACUA, es que cada Estado
miembro tiene libertad para decidir si aplica el IVA más
alto o un tipo reducido.
BÉLGICA BAJÓ DEL 21 AL 6% HACE CUATRO AÑOS
En este sentido, la asociación recuerda que hace cuatro
años Bélgica aprobó bajar el IVA de la luz del 21 al 6%.
Con ello comenzó a aplicar el segundo IVA más bajo de la
UE, tras el de Reino Unido, que está en el 5%.
La bajada del IVA de la electricidad es una de las
reivindicaciones que FACUA ha trasladado al Gobierno. Si
pasara del 21% actual al 4% ahorraría al usuario medio
casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto un
análisis realizado por la asociación tomando como
referencia las tarifas de los últimos doce meses con la
aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la
actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales
que representaría la aplicación del IVA superreducido.
QUÉ DICE LA DIRECTIVA DEL IVA
Para poner en marcha una bajada del IVA, sólo es
necesario comunicarlo a la Comisión Europea, que sólo
puede oponerse en el plazo de tres meses si verifica que
la medida implica riesgo de distorsión de la
competencia.
En su artículo 102, la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido, establece que
"Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo
reducido al suministro de gas natural, de electricidad y
de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo
alguno de distorsión de la competencia".
Si un Estado miembro pretende aplicar un tipo reducido
de IVA, "lo pondrá previamente en conocimiento de la
Comisión", según indica el citado artículo de la
directiva. "La Comisión se pronunciará acerca de la
existencia de riesgo de distorsión de la competencia. Si
la Comisión no se pronuncia a los tres meses de la
recepción de la información, se entenderá que no existe
riesgo alguno".
MEDIDA RAQUÍTICA
FACUA ha criticado la raquítica medida anunciada el
pasado miércoles por la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera. En este sentido, la asociación
ha advertido de que el descuento en el recibo que podría
derivarse de la bajada del impuesto a la generación del
7% a casi cero representaría poco más que el precio de
un café.
Según los análisis de FACUA, la factura eléctrica del
usuario medio se ha encarecido en un 85,7% en los
últimos 15 años, nada menos que 37,26 euros mensuales
-tomando como referencia las tarifas semirreguladas de
agosto de 2003 y 2018-.
REIVINDICACIONES AL GOBIERNO
FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus
reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de
las familias españolas. La asociación denuncia que la
liberalización del sector iniciada en la etapa de José
María Aznar ha sido una auténtica estafa a los
consumidores y reclama medidas que pongan freno a las
prácticas que lleva a cabo un oligopolio que no sólo no
quiere competir, sino que especula con unas tarifas que
están infladas artificialmente.
La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la
asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el
secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la
que le entregó un informe con las Valoraciones y
propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico,
garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha
contra la pobreza energética.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación
de una tarifa regulada para todas las familias que no
superen los 10 kW de potencia contratada y determinados
límites de consumo. El análisis realizado por el equipo
jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el
debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría
contradicciones con la legislación comunitaria, como
tampoco lo supondría la bajada del IVA. Los
desproporcionados precios de la luz, la ausencia de
competencia en el sector y la situación económica de las
familias españolas justifican el establecimiento de una
tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los
consumidores.
La asociación advierte de que el bono social del
Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el
que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero.
Por un lado, porque supone descuentos poco
significativos e impone niveles de renta excesivamente
bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas,
que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el
desconocimiento de su existencia para muchas familias y
el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las
eléctricas, con la aportación de documentación
acreditativa de los niveles de renta y la situación
familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus
beneficiarios potenciales acceda a él. |
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