• La Organización de Consumidores cree
que la eliminación del Impuesto a la Generación solo
beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el
precio de la energía para los consumidores.
• OCU ve necesaria una revisión completa del sistema
energético, en el que los diferentes agentes que
participan en él reciban una remuneración razonable,
pero también en el que los consumidores tengan unas
tarifas transparentes, justas y accesibles para todos
los hogares.
El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de
continuas subidas. Además, según OCU, el mes de
septiembre se podría cerrar con precio en torno a los 70
€/MWh, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura
de la luz en otro 3,3%. Así, un hogar medio acumula
durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que
en el mismo periodo (enero- septiembre) del pasado año y
80 euros más que la factura de ese mismo periodo en
2016.
Estos incrementos afectan directamente a los hogares con
la tarifa PVPC y a los beneficiarios del bono social, e
indirectamente al resto de consumidores que tienen
contrato con una comercializadora en el mercado libre,
que ven cómo sus revisiones de tarifa también aumentan,
pese a que mucho de ellos ya sufrían tarifas mucho más
elevadas que la tarifa PVPC.
Ante esta situación, OCU valora positivamente el avance
que supone que el Ministerio de Transición Ecológica
identifique como un problema el sistema de fijación de
precio del mercado mayorista y que plantee la necesidad
de revisar el bono social ampliándolo también a la
calefacción, sin embargo, la ausencia de detalles
concretos sobre las medidas propuestas ayer genera
serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor.
En este sentido, OCU considera que la única medida
concreta planteada, basada en la eliminación del
Impuesto a la Generación, a corto plazo sólo traerá
consigo que la industria se ahorre un importante coste,
que era empleado para aliviar la importante factura de
los peajes que también paga el consumidor final. OCU
considera que la medida anunciada no provocará de forma
automática una rebaja en el precio de la energía y según
OCU, puede provocar, si no se cuenta con ingresos
adicionales, que haya una subida de las tarifas de
acceso en enero de 2019.
Ante la declaración de intenciones planteada por el
Gobierno, OCU pide que se concreten las acciones y
propone una combinación de medidas que permitan una
factura más justa. Entre otras, retirar o limitar
conceptos que incrementan artificialmente la factura,
asignar una mejor distribución de los costes entre los
diferentes tipos de consumidores, aplicar mecanismos
para frenar el incremento artificial del precio de la
energía en el mercado mayorista y destinar recursos para
proteger a los hogares más desfavorecidos.
DE MANERA CONCRETA, OCU PROPONE:
• Revisión de sistema de precios mayorista: según OCU,
es imprescindible que este sistema incorpore nuevos
ajustes que remuneren de forma justa a las tecnologías
más caras e infrautilizadas, pero sin que eso suponga
que las tecnologías con costes más reducidos como la
nuclear o la hidráulica se beneficien de esos elevados
precios. En este sentido se valora positivamente que el
Gobierno por fin comparta este análisis de la situación.
• Penalizar las manipulaciones del mercado: esta
revisión del mercado mayorista debe completarse con una
estricta supervisión y fuertes penalizaciones para
prevenir esa manipulación.
• Revisión y redistribución de los peajes de acceso: los
peajes de acceso deben ser revisados y en algún caso
eliminados del sistema eléctrico, pero sobre todo es
importante que se haga una correcta distribución de
estos peajes, de manera que no sean los pequeños
consumidores los que subvencionen los costes a los
grandes fabricantes.
• Revisión del IVA: la luz es un producto de primera
necesidad y el tipo impositivo del 21% debería revisarse
a la baja, aplicando tipos impositivos reducidos como ya
hacen otros países europeos.
• Eliminación del Impuesto de la Electricidad: antes de
abordar el Impuesto a la Generación, OCU considera
imprescindible que se elimine el Impuesto de
Electricidad. Este impuesto supone encarecer la factura
eléctrica en un 5.11% y supone una recaudación de
aproximadamente 1.500 millones. Con la eliminación de
este impuesto a los consumidores se podría compensar la
reciente subida de la electricidad.
• Impulso del Bono Social: sobre una previsión de 2,5
millones de hogares como potenciales beneficiarios de
esa tarifa, solo un 28% lo ha solicitado. Por ello, OCU
cree que se debe facilitar su tramitación simplificando
el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya
se hace en otros países. Además, cree que el bono social
debe ampliarse a otros servicios, como el suministro de
gas.
• Transparencia en las tarifas aplicadas: el
desconocimiento del mercado energético por el consumidor
y la confusión interesada provocada por las
comercializadoras de energía hace que muchos clientes
estén en el mercado libre con tarifas muy elevadas. OCU
exige transparencia sobre las tarifas que las
comercializadores aplican en las revisiones de contrato
a sus clientes, que son totalmente opacas para la
administración y en la práctica, también para los
clientes.
• Afrontar en beneficio de los consumidores los nuevos
retos y posibilidades que nos ofrece el mercado:
eliminando barreras al autoconsumo y diseñando nuevas
relaciones entre
consumidores-distribuidora-comercializadora aprovechando
las posibilidades del nuevo contador digital. |
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