• La parte fija de la factura se ha
encarecido en un 155,8%. La asociación reclama al
Gobierno que baje el IVA de la electricidad al 4% y
establezca una tarifa regulada para las familias.
El recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7%
en sólo 15 años, según un estudio de FACUA-Consumidores
en Acción. Con las tarifas vigentes en agosto de 2018,
la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los
43,47 euros que suponía en 2003. La diferencia supone
nada menos que 37,26 euros.
Un análisis realizado por FACUA sobre decenas de miles
de facturas de viviendas ocupadas indica que en España
el usuario medio consume 366 kWh mensuales y tiene una
potencia contratada de 4,4 kW. Tomando como referencia
las tarifas semirreguladas vigentes en los meses de
agosto, la factura ha pasado de los 43,47 euros de 2003
a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros
en 2018.
- En el año 2003, el usuario medio (que tenía contratada
la tarifa 2.0) pagaba al mes 43,47 euros (35,65 euros
más el 21,93% de impuestos indirectos vigentes en esa
fecha).
- Con las tarifas vigentes entre julio y diciembre de
2008, el usuario medio (que tenía contratada la tarifa
2.0.2) pagaba 55,31 euros mensuales (45,37 euros más el
21,93% de impuestos indirectos).
- En agosto de 2013, un usuario medio con la denominada
Tarifa de Último Recurso (TUR) pagaba 74,81 euros al mes
(58,82 más el 27,19% de impuestos indirectos vigentes).
- Con las tarifas de agosto de 2018, el usuario medio
sujeto al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)
y un contador todavía no adaptado a la telegestión paga
80,73 euros (63,47 más el 27,19% de impuestos vigentes
en la actualidad).
LA PARTE FIJA DE LA FACTURA HA SUBIDO UN 155,8%
El análisis de FACUA pone de manifiesto que la parte
fija de la factura se ha incrementado en quince años en
un 152,8%. El precio de cada kW de potencia contratada
ha pasado, redondeando a dos decimales, de los 1,73
euros/kW/mes (1,42 más ii) de agosto de 2003 a 1,99
euros (1,63 más ii) en agosto de 2008, 3,78 euros (2,97
más ii) en agosto de 2013 y 4,36 euros (3,43 en agosto
de 2018.
En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del
kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5%
desde agosto de 2003. Ésta ha sido su evolución, siempre
redondeando a dos decimales: 9,80 céntimos (8,04 más ii)
en agosto de 2003, 13,17 céntimos (10,80 más ii) en
agosto de 2008, 15,90 céntimos (12,50 más ii) en agosto
de 2013 y 16,81 céntimos (13,22 más ii) en agosto de
2018.
REIVINDICACIONES AL GOBIERNO
FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus
reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de
las familias españolas. La asociación denuncia que la
liberalización del sector iniciada en la etapa de José
María Aznar ha sido una auténtica estafa a los
consumidores y reclama medidas que pongan freno a las
prácticas que lleva a cabo un oligopolio que no sólo no
quiere competir, sino que especula con unas tarifas que
están infladas artificialmente.
La semana pasada, el vicepresidente y portavoz de la
asociación, Rubén Sánchez, mantuvo una reunión con el
secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la
que le entregó un informe con las Valoraciones y
propuestas de FACUA sobre el suministro eléctrico,
garantía de acceso a los consumidores domésticos y lucha
contra la pobreza energética.
La bajada del IVA de la electricidad es una de las
demandas de FACUA. Bajarlo al 4% ahorraría al usuario
medio casi 130 euros anuales. Así lo pone de manifiesto
un análisis realizado por la asociación tomando como
referencia las tarifas de los últimos doce meses con la
aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la
actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales
que representaría la aplicación del IVA superreducido.
La principal medida propuesta por FACUA es la creación
de una tarifa regulada para todas las familias que no
superen los 10 kW de potencia contratada y determinados
límites de consumo. El análisis realizado por el equipo
jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el
debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría
contradicciones con la legislación comunitaria. Los
desproporcionados precios de la luz, la ausencia de
competencia en el sector y la situación económica de las
familias españolas justifican el establecimiento de una
tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los
consumidores.
La asociación advierte de que el bono social del
Gobierno de Rajoy ha sido un fracaso aún mayor que el
que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero.
Por un lado, porque supone descuentos poco
significativos e impone niveles de renta excesivamente
bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas,
que pueden beneficiarse todas-. Por otro, porque el
desconocimiento de su existencia para muchas familias y
el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las
eléctricas, con la aportación de documentación
acreditativa de los niveles de renta y la situación
familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus
beneficiarios potenciales acceda a él. |
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