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Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Fuente:
Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) Valencia
18 de septiembre de 2018 |
ADICAE RECURRE EL ARCHIVO DE LAS PREFERENTES DE LA CAM
PARA DEFENDER EL INTERÉS GENERAL |
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• El archivo por parte de la Audiencia
supone agrandar todavía más la impunidad del fraude de
las cajas y forma parte de la práctica de eludir el
fondo de la cuestión y sólo juzgar delitos menores.
• ADICAE recurre el archivo al entender que la actuación
fraudulenta de los dos máximos dirigentes de la CAM se
merece un reproche penal tras una administración
caracterizada por la corrupción y la mala gestión.
La asociación ha presentado el recurso ante la sala
segunda del Tribunal Supremo que archivaba el primer
juicio penal por las preferentes que llegaba a la
Audiencia Nacional en base a la doctrina Botín y que
pretende impedir a ADICAE proseguir como acusación
popular en beneficio del interés general y produciendo
una efectiva situación de indefensión.
ADICAE cree que es más que evidente y comprobado que
existió premeditación de la caja a la hora de lanzar al
mercado las preferentes, destinando las mismas a
aquellos consumidores ya clientes de forma engañosa, con
el ánimo de mejorar la solvencia de la entidad a costa
de los ahorros de los pequeños ahorradores y a sabiendas
de que se trataba de productos en ninguna forma
adecuados para los consumidores en general.
ADICAE mantuvo la acusación popular, y por eso recurre
al TS, al considerar que sólo por esta actuación merece
una sanción. El daño a la sociedad y a la economía es
palpable, aunque se haya resarcido a una gran parte de
los afectados no se ha acreditado la ausencia de daños y
perjuicios a los pequeños ahorradores y a la economía y
la sociedad en su conjunto. Según el escrito presentado
por los servicios jurídicos de la asociación, “se podía
encuadrar dentro de esos intereses difusos o colectivos
que permiten el ejercicio de la acción pública como se
permitió en el caso Atutxa”.
Analizando los delitos por los que se acusa a Roberto
López Abad y María Dolores Amorós, estafa, publicidad
engañosa y maquinación para alterar el precio de las
cosas, se puede considerar que se está “ante el
enjuiciamiento de delitos que protegen bienes de
titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de
carácter metaindividual, en definitiva, se trata de
delitos que afectan a los intereses colectivos más allá
de los puramente individuales.
ADICAE cree que una estafa de tal magnitud no debe
quedar impune y ve insuficiente que tan solo se
investiguen delitos claramente menores relacionados con
indemnizaciones, pensiones millonarias o las tarjetas
black. Como en otras querellas sobre la actuación y la
quiebra de las cajas parece no quererse llegar al fondo
de la cuestión: el hundimiento de las cajas de ahorros
que merece una explicación clara y por supuesto un
reproche penal que la actuación judicial ha impedido
hasta el momento. |
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