Bono social eléctrico
Foto: Pixabay/2018
Fuente: Comisiones Obreras (CCOO)
Valencia 13 de septiembre de 2018

PARA CCOO ES URGENTE UNA REFORMA EN PROFUNDIDAD DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO

• La normativa existente para paliar la pobreza energética adolece de numerosas carencias.
• La inoperancia del vigente bono social eléctrico, establecido por el anterior Gobierno, y la escalada de precios de la electricidad, hacen que CCOO plantee la necesidad de que el actual Gobierno aborde su revisión con urgencia y profundidad. El sindicato cree que hacen falta medidas más amplias y estructurales, empezando por la aprobación de una ley integral sobre pobreza energética, estableciendo un Bono Social Energético que incorpore coordinadamente las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

La proximidad del vencimiento del plazo para solicitar el nuevo bono social que estableció el RD 897 de octubre de 2017, sin que sus efectos hayan llegado a la mayor parte de los potenciales beneficiarios, pone de manifiesto las carencias de la normativa que hasta ahora se ha establecido para paliar la pobreza energética. La nueva normativa estableció un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y, debido a la complicada tramitación administrativa, hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono que establece descuentos en el recibo de la luz de entre el 25 y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión.

Para CCOO es preciso prorrogar dicho plazo para que nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas; que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social; y que exista asesoramiento e información acerca de medidas de eficiencia energética, algo especialmente relevante entre el colectivo de consumidores vulnerables. A este respecto, medidas como las planteadas en Francia de auditorías energéticas gratuitas para los hogares vulnerables podrían tener un impacto muy favorable.

Asimismo, CCOO ha venido planteando que este bono no soluciona los principales problemas de pobreza energética y que hacen falta otra serie de medidas más amplias y estructurales.

En primer lugar la aprobación de una ley integral sobre pobreza energética que considere la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano, gas…), con las adaptaciones que sean necesarias a las características de cada fuente energética, pero con similares criterios de concesión de la protección (renta, número de miembros de la unidad familiar, minusvalías, etc.), estableciendo un Bono Social Energético que incorpore de manera coordinada y coherente las distintitas medidas de lucha contra la pobreza energética. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supone únicamente un 62% del gasto energético de los hogares, por lo que una protección exclusiva al consumidor eléctrico deja fuera a otros potenciales consumidores vulnerables.

Esta normativa integral debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que ahora solo beneficia a las grandes compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios de la misma, y con un impulso real a la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables, que suelen estar peor aisladas.

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