No más armas para matar civiles
Foto: Greenpeace/2018
Fuente: Greenpeace
Valencia 06 de septiembre de 2018

GREENPEACE DENUNCIA TRES CASOS QUE MUESTRAN LA OPACIDAD Y LAS GRAVES IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ E ISRAEL

• España vende sin garantías de control armamento a países que cometen violaciones del derecho internacional en Yemen y en los Territorios Palestinos Ocupados.
• El injustificado secretismo oficial en torno a estas operaciones impide que el Gobierno rinda cuentas sobre el cumplimiento de la ley.

Una investigación de Greenpeace sobre la exportación de armamento español a Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos pone de manifiesto la más que probable ilegalidad de estas operaciones y muestra cómo el injustificado secretismo en torno al comercio de armas imposibilita al Parlamento o a la sociedad civil comprobar el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Las tres rutas analizadas han sido:

La munición fabricada en Burgos que durante dos años se ha enviado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes desde el puerto de Bilbao y después desde Santander

• El envío en 2017 a Israel de balas fabricadas en Palencia
• La exportación a Arabia Saudí de armas de guerra y munición fabricadas en Granada y Sevilla, enviadas desde el puerto de Motril en 2018

Greenpeace destaca en la investigación Las Rutas de riesgo de las armas españolas que tanto la normativa española de control del comercio de armas, como el Tratado internacional sobre el Comercio de Armas, firmado y ratificado por España, exigen denegar las exportaciones de armamento cuando exista riesgo de que pueda ser utilizado para cometer atrocidades, algo que está sucediendo en la guerra de Yemen (en la que participan Arabia Saudí y Emiratos Árabes). En este conflicto civil se llevan a cabo continuos ataques sobre población civil que están causando estragos. Por otra parte, el tercer destino analizado, Israel, mantiene una campaña de represión sobre la población palestina. Todo ello, graves violaciones del Derecho Internacional.

Greenpeace denuncia el excesivo e injustificado secretismo de las operaciones, ya que surgen dudas intolerables que un Gobierno comprometido con el derecho Internacional no debería permitirse. Así, la organización ecologista y pacifista reta al Gobierno a responder públicamente a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se asegura el Gobierno que esta munición no se ha utilizado en Yemen o en Palestina sobre objetivos civiles?
• ¿Qué argumento legal se ha utilizado para asegurar que autorizando estos envíos se cumple una ley que exige denegar una exportación cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad […] o exacerbar tensiones o conflictos latentes?.

La ausencia de respuestas, pone de manifiesto que estas operaciones de exportación de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Israel son especialmente preocupantes en tanto que el Gobierno no tiene mecanismos efectivos de control que verifiquen el uso final y basan las garantías de que no se usen en violaciones del derecho internacional en la palabra del país receptor de estas armas.

“El Gobierno de España tiene que cumplir la ley y paralizar la exportación de armamento a Arabia Saudí e Israel. Ambos países están cometiendo graves violaciones del derecho internacional y existe el riesgo de que al hacerlo lo hagan utilizando armas españolas”, ha declarado Sara del Río, responsable de la campaña de Desarme de Greenpeace. “Además tiene que comprometerse con la rendición de cuentas y dejar de ocultarse tras los secretos oficiales”.

Greenpeace, que forma parte de la campaña Armas Bajo Control junto a Amnistía Internacional, Fundipau y Oxfam Intermón, de cara a la Comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, mañana en el Congreso, insiste en pedir al Gobierno que tenga como prioridad:

• Poner fin de manera inmediata a las exportaciones de armas y munición españolas a Israel y a Arabia Saudí y, en relación a la transparencia,
• Revocar el acuerdo de un Consejo Ministros de 1987 que clasificó como secreta información crucial para controlar el cumplimiento de la ley sobre comercio de armas, además de impulsar la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para adecuarla a las normas internacionales.

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