• El Juzgado abre diligencias tras
comunicar la Conselleria de Vivienda en 2016 a la
Fiscalía las irregularidades detectadas en la empresa de
capital mayoritario público Desarrollos Urbanos de
Viviendas Protegidas S.L.
• Dos informes de Auditoría de la Sindicatura de Cuentas
y de Intervención de la Generalitat detectaron en 2014 y
2015 "graves perjuicios económicos para las arcas
públicas" por valor de cerca 3 millones de euros.
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio se personará, a través de la
Abogacía de la Generalitat en la causa abierta por el
juzgado de instrucción número 21 de València, que
investiga la posible concurrencia de responsabilidades
penales por parte de diversas personas que ostentaban
cargos públicos de la Generalitat, así como los
responsables de diversas empresas privadas por la
gestión entre los años 2004 y 2015 de la empresa mixta
de la Generalitat Desarrollos Urbanos de Viviendas
Protegidas S.L.
La personación de la conselleria - a la que está
adscrito el ente público EVha, antigua IVVSA- se produce
después de que el juzgado haya abierto diligencias
penales previas sobre la gestión desde 2004 de la
empresa mixta, a instancias de la Fiscalía, como
consecuencia de los hechos irregulares que le fueron
comunicados por la conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio en 2016.
En concreto, la consellera de Vivienda, María José
Salvador, trasladó a la Fiscalía las conclusiones de las
auditorias realizadas en 2014 y 2015 por la Sindicatura
de Cuentas y por la Intervención General de la
Generalitat respectivamente y en la que se ponían de
manifiesto los graves perjuicios económicos e
irregularidades constantes que se habían producido
durante la gestión de dicha empresa mixta y que fueron
valorados provisionalmente en cerca 3 millones de euros
para el erario público.
La empresa Desarrollos Urbanos de Viviendas Protegidas
S.L (DUVP) fue constituida el año 2004 como empresa
mixta con capital mayoritario privado (51%) por el IVVSA,
dentro de un procedimiento plagado de irregularidades,
tenía como objetivo buscar a empresas privadas
interesadas en aportar capital para la constitución de
una sociedad mixta destinada a la la construcción de
viviendas de protección oficial, fijándose un plazo de
apenas 7 días para la presentación de propuestas.
Además, a pesar que el pliego de cláusulas para la
selección de las empresas privadas interesadas en
constituir con el IVVSA dicha empresa mixta (participada
por la Generalitat con el otro 49%) se establecía como
condición que debían "ser propietarios de al menos el
25% de la superficie social afectada por las actuaciones
de la sociedad a constituir", ninguna de las empresas
seleccionadas acreditó ser propietaria de suelo en
dichos ámbitos y además se obvió la previa y preceptiva
autorización del Gobierno Valenciano necesaria para
poder constituir dicha empresa.
La celeridad y falta de transparencia en el
procedimiento de selección de dichas empresas llegó al
punto de que tan sólo transcurrió un plazo de 16 días
entre el anuncio del DOCV y la firma de la escritura de
constitución de la sociedad, previa selección del socio
privado.
Dichas irregularidades fueron reconocidas en el dictamen
emitido en fecha 18/09/2008 por la Comisión de las
Comunidades Europeas, en el que se puso de manifiesto
que dicha actuación también constituyó una infracción de
las Directivas de contratación de la Unión europea.
Igualmente, y según las auditorias públicas realizadas,
en el año 2005 el IVVSA, previo acuerdo de su Consejo de
Administración -presidido por el entonces conseller
Rafael Blasco- vendió directamente, sin someterse el
preceptivo trámite de publicidad y concurrencia, a la
empresa mixta DUVP (todavía de capital mayoritariamente
privado) una parcela urbana de uso residencial de cerca
de 6.000 m² en el municipio de Alaquàs, por un precio de
más de 3 millones de euros, destinada a la construcción
de viviendas, garajes y trasteros sometidos al régimen
de protección pública, sin que quedase garantizado que
dicho precio se ajustaba al "valor de mercado".
Además y con la finalidad de poder obtener el aval
público de distintas operaciones crediticias a través
del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat (IVF),
el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat s.l.
vendió al IVVSA, previo acuerdo tomado por su Consejo de
Administración el día 21 del mismo mes, un 2% de
participaciones de DUVP SL, pasando a partir de ese
momento la empresa mixta a estar participada
mayoritariamente con capital pública de la Generalitat
(51%), todo ello incumpliendo la obligación legal de
haber obtenido el previo acuerdo del Gobierno
valenciano, dado que, con dicha decisión de adquisición
de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat
pasó a ser participe mayoritario (con el 51% del capital
social) de la mercantil con todos los derechos y
obligaciones que ello comportaba.
Con fecha de 2015 la Intervención General puso de
manifiesto que el detrimento económico total causado a
la Generalitat, sólo en lo que afecta a la promoción de
Alaquàs, alcanzaba cerca de 3 millones de euros, a lo
que había que añadir la pérdida de la propiedad del
solar vendido en su día por el IVVSA a la empresa mixta
(con un valor estimado en un proceso sin licitación en 3
millones).
El informe emitido el 2015 por la Intervención de la
Generalitat puso también de manifiesto que la empresa
mixta de la Generalitat no había tenido en ningún
momento ni medios materiales ni humanos propios y que
toda su actividad contable y administrativa había sido
realizada por su socio privado externo, sin que constase
que el IVVSA-Generalitat hubiesen realizado ningún tipo
de tareas efectivas de control o supervisión de las
actuaciones realizadas y de la gestión llevada a cabo.
Del mismo modo, en el informe de la Intervención, se
denunciaba la existencia de notorios "lazos de
parentesco" entre los administradores y propietarios de
todas las mercantiles que habían participado desde el
primer momento como socios privados del entramado
societario de la mercantil mixta. De hecho, la
consellera de Vivienda, María José Salvador, denunció
que las auditorias habían detectado dos contratos por
valor de 500.000 euros y 15 millones de euros "a través
de los cuales queda en evidencia que se articuló un
sistema que pretendía el retorno directo de contratos a
empresas administradas por familiares directos, hermanos
e hijos de los administradores privados que formaban
parte del capital de la empresa mixta".
LIQUIDACIÓN
Por todo ello, el actual equipo de gobierno decidió en
2015 instar el concurso voluntario de la empresa mixta y
por ende su liquidación, el cual fue resuelto en junio
de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil nº2 de València,
que declaró la extinción de la sociedad mercantil mixta
después de que los socios privados se negaran a entregar
la información original contable, fiscal y societaria.
"El resultado económico de la nefasta, temeraria y
tendenciosa gestión de los equipos anteriores de la
Generalitat entre los años 2004 y 2015 ha provocado la
pérdida de los importes avalados por el IVF, de las
aportaciones realizadas por el erario público para la
creación y mantenimiento de la sociedad y de un enorme
solar en Alaquàs destinado a la construcción de vivienda
pública" ha indicado la consellera de Vivienda tras
denunciar de nuevo que "una vez más queda en evidencia
cuál era la política de vivienda del PP, destinada
claramente al enriquecimiento personal de amigos y
conocidos de los altos cargos del partido".
"Ahora son los tribunales quienes deben encargarse de
dilucidar la existencia de posibles delitos penales en
tales actuaciones, pero la responsabilidad de esta
conselleria y del Consell de Ximo Puig es la de exigir
que se devuelvan los fondos públicos perdidos por la
nefasta gestión de la Vivienda de dirigentes como
Blasco" ha sentenciado la responable del departamento
tras señalar que "lamentablemente a nadie le sorprende
ya la forma de actual del ex dirigente del PP". |
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