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• Los incumplimientos de la directiva
comunitaria se han dado en 17 municipios que, desde
2001, debían limpiarlas correctamente. Siete de los
nueve pueblos que aún no han solucionado el problema son
de Andalucía.
FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que
haya poblaciones en España que todavía no hayan
arreglado los problemas con sus depuradoras de agua y
sigan depurándola deficientemente, ya que además del
canon de saneamiento y depuración del agua que pagan los
usuarios, impuesto en doce comunidades autónomas, ahora
tendrán que hacer frente a una multa de la Justicia
Europea.
Según la sentencia del tribunal sancionador, que multa
al Estado español con 12 millones de euros, los
incumplimientos de la directiva comunitaria se han
producido en diecisiete municipios o urbanizaciones con
más de 15.000 habitantes que, desde el año 2001, debían
limpiar sus aguas correctamente.
FACUA lamenta que los consumidores tengan que abonar
dinero por partida doble porque estas localidades no
depuran o hacen mal la depuración de sus aguas urbanas,
cuando es un asunto que debía estar resuelto desde hace
mucho tiempo.
Todo arranca en 1991, cuando se aprobó la directiva
europea que obliga a que las aglomeraciones urbanas de
más de 15.000 habitantes depuren adecuadamente sus aguas
antes de 2001. Diecisiete años después, en 2008, tras
varias advertencias, la Comisión Europea denunció a
España. En 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) condenó a España por el incumplimiento de
la directiva en 37 zonas urbanas. No hubo sanción en
aquel momento y se dio un nuevo plazo para que
cumpliera. Ya en 2017, la Comisión Europea denunció los
incumplimientos en diecisiete aglomeraciones urbanas y
pidió multas millonarias para España.
La asociación señala que se trata de una multa más que
anunciada, ya que desde Bruselas se ha ido avisando al
Estado español a lo largo del tiempo de dicho
incumplimiento.
Las poblaciones afectadas por el fallo judicial son
Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Santiago de Compostela,
Gijón Este, Isla Cristina, Matalascañas, Barbate,
Tarifa, Coín, Alhaurín El Grande, Nerja, Estepona-San
Pedro de Alcantara, Benicarló, Peñíscola, Teulada-Moraira,
Noroeste de Tenerife-Valle de Guerra y Valle de Güímar,
situadas en las comunidades autónomas de Andalucía,
Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas
Canarias.
En nueve de las diecisiete poblaciones aún no se han
solucionado los problemas, según la Comisión Europea. En
los municipios andaluces de Isla Cristina, Matalascañas,
Barbate, Tarifa, Coín, Alhaurín El Grande y Nerja, de
las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, se sigue
depurando de manera deficiente las aguas urbanas. La
zona de Estepona-San Pedro cuenta con una depuradora ya
construida aunque incluida en la denuncia de la Comisión
Europea contra España.
FACUA indica que las depuradoras de Matalascañas,
Barbate, Tarifa, Alhaurín El Grande, Estepona y Nerja
fueron declaradas en el año 2010 obras de interés
general y los usuarios de la comunidad autónoma andaluza
pagan en su factura por un canón específico y finalista
por depuración destinado a sufragar estas obras. La
asociación lamenta que, despues de ocho años abonando
dicho canon, además ahora tengan que pagar la sanción
impuesta a España
El tribunal condena al Estado español, además, a pagar
cada medio año otros 11 millones de euros mientras no se
solucionen los problemas en las poblaciones que llevan a
cabo una depuración deficiente.
FACUA exige a las administraciones autonómicas
involucradas en esta sentencia que pongan todos los
medios disponibles para subsanar el tratamiento
depurativo no óptimo del agua en todas estas zonas. La
asociación entiende que es inadmisible que todas las
poblaciones mencionadas en la sentencia sigan
incumpliendo una directiva de hace diecisiete años. |
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