• Les Corts aprueban trasladar el aumento
salarial previsto en los PGE de 2018 a 185.000 empleados
públicos de la Generalitat, universidades y centros
concertados, y ampliar la tasa de reposición.
• Al personal de la Generalitat ya no se le aplicarán
descuentos en la nómina cuando esté de baja por
enfermedad y se amplía el permiso de paternidad a seis
semanas.
El pleno de Les Corts ha aprobado la convalidación del
decreto ley 3/2018, por el que se modifica la ley
22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de
Generalitat para el ejercicio de 2018, con el fin de
trasladar el aumento salarial previsto en los
Presupuestos Generales del Estado a los más de 152.000
empleados públicos de la Generalitat, incluyendo las
conselleries, órganos estatutarios, organismos autónomos
y entidades del Sector Público Instrumental.
A estos hay que añadir los más de 19.000 empleados de
las universidades públicas valencianas y los 15.000
integrantes de los centros docentes concertados, para
sumar un total de 185.000 beneficiarios de una mejora
retributiva que viene a paliar en parte los recortes del
pasado. Asimismo, el decreto ley amplía la tasa de
reposición de efectivos para mejorar la prestación de
los servicios públicos.
"Con estas medidas, restituimos los derechos de los
empleados públicos que recuperan el poder adquisitivo
perdido como consecuencia de los recortes llevados a
cabo en la anterior etapa", ha señalado el conseller de
Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien ha
añadido: "Donde antes se recortaba, ahora apostamos por
el estado del bienestar".
Según ha subrayado Soler, "los empleados públicos se
encargan de atender los servicios públicos
fundamentales, ya que la mayoría de ellos trabaja en
educación, sanidad, protección social, justicia o
seguridad, donde desempeñan una labor fundamental".
El incremento retributivo aprobado es el fijado en los
Presupuesto Generales del Estado para todo el personal
de la administración y de organismos autónomos: un 1,50%
desde el 1 de enero, cifra a la que se sumará un 0,25%
adicional a partir del 1 de julio. Este cuarto de punto
adicional estaba condicionado a que el PIB creciera al
menos un 3,1% en 2017.
TASA DE REPOSICIÓN DEL 100% EN ÁREAS PRIORITARIAS
El decreto ley aprobado este miércoles permite la
traslación a la Comunitat Valenciana de las medidas
incluidas en la Ley de Presupuestos del Estado dirigidas
a incrementar la tasa de reposición de efectivos y a la
puesta en marcha de procesos de estabilización del
empleo temporal.
Así, se mantiene la tasa de reposición del 100% para los
servicios públicos prioritarios establecido en los
Presupuestos Generales de 2017, ampliando el catálogo de
estos a materias como tecnologías de la información y
las Comunicaciones, con vistas a la implantación de la
Administración electrónica.
Para el resto de servicios no prioritarios, la tasa de
reposición de efectivos se incrementa del 50% al 75%,
tanto en la Administración como en el Sector Público
Instrumental. Estas medidas son tanto para la
Administración de la Generalitat como para el sector
público instrumental.
"Los servicios públicos venían siendo maltratados año
tras año con tasas de reposición que suponían una
pérdida continua de efectivos. Ahora pueden beneficiarse
de estas medida, e iniciar una línea de mejora de las
prestaciones de servicios públicos a los ciudadanos,
como elemento básico del estado de bienestar", ha
señalado el titular de Hacienda.
ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL EN SECTORES FEMINIZADOS
Además de ello, el decreto se adapta a la legislación
básica estatal eliminando el descuento por baja laboral
introducido en 2012 y ampliando el disfrute del permiso
de paternidad a las 6 semanas.
También recoge la posibilidad de que la masa salarial
pueda incrementarse en un 0,20% adicional para que las
diferentes administraciones puedan adoptar medidas para
la racionalización de las plantillas y las retribuciones
y la homologación de retribuciones para romper, entre
otras cuestiones, la brecha salarial en aquellos
sectores especialmente feminizados.
NUEVOS SERVICIOS, AUMENTO DE ACTIVIDAD O JUBILACIONES
Otra novedad es la autorización para que en las Ofertas
de Empleo Público (OPE) que se convoquen para cubrir
efectivos se puedan ofrecer un número de plazas
equivalente al 5% del total de la tasa de reposición que
irán destinadas al establecimiento de nuevos servicios,
incremento de actividad estacional por el turismo o para
atender al elevado volumen de jubilaciones esperadas.
Además, tal y como habilitan los presupuestos estatales,
se contempla un nuevo proceso de estabilización del
empleo temporal, tras el aprobado el año pasado, en el
que se autoriza una tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal que incluirá las
plazas de naturaleza estructural dotadas
presupuestariamente que hayan estado ocupados de forma
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores al 31 de diciembre de 2017 en las áreas de
administración y servicios generales, investigación,
salud pública e inspección médica, entre otros.
UNA PREVISIÓN ACERTADA
La Generalitat optó en un principio por mantener en sus
presupuestos las retribuciones de los empleados públicos
en los mismos términos que en 2017, pero estableciendo
los mecanismos que hacían posible una revisión futura de
las retribuciones si así se aprobaba en los Presupuestos
Generales del Estado. Gracias a esta previsión los
presupuestos autonómicos de 2018 contemplan una reserva
de fondos para atender esta modificación, una vez haya
sido aprobada por el Estado.
"Los empleados públicos de la Comunitat Valenciana
tienen todo el derecho a la actualización de sus
retribuciones, en los mismos términos que los que se
actualizan las de los funcionarios del Estado", ha
señalado Soler.
SEGURIDAD ANTE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
El decreto ley también otorga seguridad jurídica a los
contratos de responsabilidad civil que se venían
suscribiendo por parte de los gobiernos anteriores, con
el fin de garantizar los derechos de terceros que puedan
resultar perjudicados por la actividad del sector
público.
"Estos contratos reproducen la regulación establecida a
nivel estatal, y cubren a los trabajadores públicos, no
a los altos cargos, en el ejercicio de su actividad
profesional, como arquitectos, etc. Debe quedar claro
que estos contratos de seguro que sólo cubrirán
contingencias relacionadas con el ejercicio profesional
y, en ningún caso, conductas dolosas", ha explicado
Soler.
En el caso de las entidades públicas, se da también
seguridad al personal directivo y miembros de los
consejos de administración, "donde se integran en muchas
ocasiones representantes de la sociedad civil que, como
en el caso de los altos cargos, no reciben ninguna
retribución para formar parte de estos órganos". "Sólo
se cubre la responsabilidad civil, nunca la
responsabilidad penal", ha recalcado el conseller. |
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