• El sindicato ha planteado la necesidad
de acordar medidas de conciliación y corresponsabilidad,
además de la implantación y despliegue de planes de
igualdad en todas las Administraciones Públicas.
El Área Pública de CCOO, junto con otros sindicatos, se
ha reunido con la ministra de Política Territorial y
Función Pública, Meritxell Batet, como primera toma de
contacto con la responsable ministerial una vez
producida la moción de censura.
En la reunión, CCOO ha manifestado su interés por
conocer el programa de Gobierno que establecerán,
poniendo especial atención en la necesidad del
mantenimiento de los compromisos adquiridos con el
anterior Ejecutivo, especialmente lo que se acordó el
pasado 9 de marzo, con la firma del II Acuerdo para la
mejora del empleo público y de condiciones de trabajo.
La ministra ha comunicado que asume el acuerdo y se
compromete con su desarrollo.
El sindicato ha expresado en el encuentro la
impostergable necesidad de avanzar en la definición de
un nuevo modelo de Administraciones Públicas, que las
rejuvenezca, recupere competencias externalizadas,
devuelva los derechos arrebatados con la excusa de la
crisis económica a sus trabajadoras y trabajadores,
restablezca un diálogo profundo y permanente con los
sindicatos a los efectos de rematar los desarrollos
legislativos que en su momento se enumeraron con la
firma del EBEP en 2007 y que ahora son imprescindibles
para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía de
una mejor Administración, más transparente, eficiente y
al servicio de las personas.
CCOO ha manifestado su voluntad de abrir todos los
caminos necesarios para ello, pero exige respeto a las
condiciones laborales de las personas que desempeñan sus
ocupaciones en el ámbito de lo público. Por ello
considera que tiene que producirse un reconocimiento
explícito de la imprescindible labor que para la
sociedad española desarrollan las diferentes
Administraciones Públicas y las personas a su servicio,
que no son otra cosa que la expresión clara de la
voluntad de la sociedad por disponer de servicios
públicos bien dotados de plantillas, imprescindibles
para cumplir sus objetivos, con una financiación
suficiente y una profesionalización creciente para hacer
frente a todos los retos que demanda la nueva sociedad
española.
El sindicato ha planteado la necesidad de avanzar en un
modelo de Administración que recupere espacios de
actuación, que revierta privatizaciones ideológicas, sin
base real que pudieran justificarlas y que lo único que
han hecho es perjudicar notablemente a la ciudadanía.
CCOO considera imprescindible que se pongan en marcha, a
la mayor brevedad posible, las comisiones de trabajo
acordadas el 9 de marzo, cuya constitución ya se hizo
con el anterior equipo gubernamental el 22 de mayo,
tomando especial atención a lo relativo a retribuciones,
mejora del empleo y reducción de la temporalidad,
restablecimiento de los derechos de negociación
colectiva con medidas como la reducción de la jornada a
35 horas, recuperación del 100 % de las retribuciones en
caso de incapacidad temporal (IT), desarrollo de la
carrera profesional, medidas de conciliación y
corresponsabilidad, y un tema que el sindicato considera
esencial por su importancia: la implantación y
despliegue de planes de igualdad en todas las
Administraciones Públicas.
“Consideramos que es inaplazable tratar la situación de
representación ante los procesos de diálogo social del
sector público en su conjunto, al que hay que dotar de
una mesa de trabajo. Igualmente debe abordarse el
abandono gubernamental en que se ha dejado a los 7.000
trabajadores del Servicio Exterior, a los que se lleva
congelando los salarios desde hace 10 años, sin que los
diferentes gobiernos respondan a las demandas laborales
de aquellas personas que trabajan para asegurar la
presencia de nuestro país en el resto del mundo”.
CCOO estima que la nueva etapa política que se ha
abierto es una oportunidad que debe aprovechar el
Gobierno para restablecer la confianza en el buen hacer
y trabajo permanente de las empleadas y empleados
públicos, garantes de la vida cotidiana a través de la
enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la
atención administrativa a las personas, la gestión de
los recursos necesarios para el funcionamiento de la
sociedad, las tareas de seguridad pública y otras muchas
sin las que no hay Estado y no hay cohesión social.
“Nuestros objetivos: recuperar los derechos arrebatados,
mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de más de
tres millones de trabajadoras y trabajadores, mejorar
los servicios públicos, desarrollar la legislación que
vertebra los derechos laborales en las Administraciones
Públicas como el EBEP, dotar de continuidad el diálogo
social en las Administraciones que en primera instancia
pasa por la negociación de los PGE 2019, con una
perspectiva progresista y con la mirada puesta en la
necesidad de establecer un diálogo abierto y sostenido
con los sindicatos, sin apriorismos, ni condicionantes”. |
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