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• En las últimas cuatro semanas, más de
600 personas, entre las que había muchos bebés y niños
pequeños, han muerto o han desaparecido, presuntamente
ahogadas, al intentar cruzar el Mediterráneo central.
Estas tragedias, que representan la mitad de todas las
muertes que se han producido durante lo que llevamos de
2018, han tenido lugar en un momento en el que la
presencia de las embarcaciones de rescate de las ONG se
ha ido reduciendo hasta desaparecer por completo.
Hace un mes, las autoridades italianas denegaron el
permiso para que el barco de búsqueda y salvamento
Aquarius, operado por SOS MEDITERRANEE y Médicos Sin
Fronteras (MSF), desembarcara a 630 personas que habían
sido rescatadas en el mar. Tras este episodio, otros
navíos de rescate de otras ONG han sufrido también los
bloqueos y obstrucciones promovidos por varios países
europeos.
"Las decisiones políticas que se han tomado durante las
últimas semanas en Europa han tenido consecuencias
mortales. Los líderes europeos han decidido dejar que
hombres, mujeres y niños se ahoguen en el mar
Mediterráneo. Y lo han hecho a sangre fría. Esto es
indignante e inaceptable", afirma Karline Kleijer,
directora de emergencias de MSF. "En lugar de seguir
obstruyendo deliberadamente la provisión de ayuda médica
y humanitaria que dispensamos, en lugar de seguir
impidiendo que salvemos la vida a personas que están en
peligro de ahogarse, lo que tienen que hacer los
gobiernos europeos es poner en marcha operaciones de
búsqueda y rescate, de una manera proactiva y
específica, en el Mediterráneo central".
Los políticos europeos han acusado en innumerables
ocasiones a los barcos de rescate de las ONG que operan
en aguas internacionales entre Malta, Italia y Libia de
constituir un efecto llamada. Sin embargo, los
acontecimientos de las últimas semanas demuestran, una
vez, más que miles de personas desesperadas siguen
tratando de huir de Libia, independientemente de que
haya o no embarcaciones de rescate en el mar. La
violencia, la pobreza y la guerra son los motivos que
empujan a todas estas personas a arriesgar sus vidas y
las de sus hijos, no el hecho de que haya buques de
salvamento para tratar de salvarles.
Los gobiernos europeos son plenamente conscientes de los
altísimos niveles de violencia y explotación que sufren
los refugiados, los solicitantes de asilo y los
migrantes en Libia, pero están decididos a evitar a toda
costa que lleguen a Europa. Una parte clave de la
estrategia para sellar el Mediterráneo es equipar,
entrenar y apoyar a la Guardia Costera libia para que
intercepten a estas personas en el mar y las devuelvan a
Libia. Sin embargo, los barcos que no son de bandera
libia tienen un impedimento legal para devolver las
personas rescatadas a Libia, ya que este país no es
reconocido como un lugar seguro para ellas. De acuerdo
con las leyes internacionales y marítimas, todos los
rescatados deben ser llevados a un puerto seguro. Y
Libia no es este lugar.
Además, los guardacostas libios, apoyados por la UE, han
interceptado a unas 10.000 personas en lo que va de año
y las han llevado a centros de detención en Libia, a
sabiendas de las terribles consecuencias que esto tiene
para el bienestar y la vida de estas personas. Dejar que
la Guardia Costera libia asuma toda la responsabilidad
de las operaciones de búsqueda y rescate en el
Mediterráneo se traducirá, inevitablemente, en más
muertes y más sufrimiento.
A medida que se acerca el tradicional pico anual de
intentos de cruzar el Mediterráneo, salvar vidas debería
de ser la prioridad más urgente. Los traficantes sin
escrúpulos, que no tienen consideración alguna por las
vidas que están poniendo en riesgo, continúan subiendo a
miles de personas en embarcaciones frágiles y no aptas
para la navegación. Es necesario que se establezca un
sistema con recursos suficientes y totalmente operativo
que permita salvar vidas humanas. Mientras esto no
exista, los barcos de rescate de las ONG tienen un papel
vital que desempeñar, ayudando a las personas que están
en peligro en el mar y evitando la pérdida innecesaria
de vidas. Las ONG deben tener la libertad de utilizar
los puertos seguros más cercanos para las operaciones de
rescate, incluida la posibilidad de desembarcar a las
personas rescatadas y el reabastecimiento de los buques.
"La decisión de cerrar los puertos a las personas
rescatadas en el mar por parte de las ONG y la situación
de confusión total que se ha creado en el Mediterráneo
central ha llevado a que se produzca una mortalidad aún
mayor en el cruce marítimo más letal del mundo", explica
Sophie Beau, vicepresidenta de SOS MEDITERRANEE. "La
responsabilidad de estas muertes recae sobre la
conciencia de Europa. Los gobiernos europeos deben
reaccionar inmediatamente y garantizar que se respeten
plenamente las leyes marítimas y humanitarias
internacionales en las que se enmarca la obligación de
rescatar a las personas cuyas vidas están en peligro en
el mar". |
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