• CCOO, sindicato mayoritario en Correos,
denuncia el interés de la patronal de logística UNO en
precarizar el mercado de la distribución, desregulando
las condiciones laborales, y en querer acabar con el
servicio postal público accesible, asequible y en
igualdad de condiciones para toda la ciudadanía prestado
por la empresa pública Correos.
El sindicato señala que la patronal paquetera miente y
tergiversa la resolución de la Comisión Europea (CE)
puesto que, en prácticamente su totalidad, ha rechazado
la demanda por un montante de 8.000 millones de euros
que exigió UNO, dejándolo en 167 millones. En su
demanda, el lobby paquetero acusaba a Correos de
utilizar ilegalmente los regímenes de la Seguridad
Social, cosa que la CE rechazó de plano.
En un momento en el que el nuevo Gobierno se está
replanteando la reforma de los organismos reguladores,
CCOO exige que se minimice el margen de actuación de los
lobbies privados que buscan la rentabilidad del negocio
debilitando el servicio postal público prestado a la
ciudadanía. Y ha vuelto a recordar que el Ejecutivo
tiene en su mano desactivar el proceso de movilización
abierto, si convierte en acción de Gobierno las demandas
de las organizaciones sindicales, entre las que se sitúa
la entrada en vigor del Plan de Prestación del Servicio
Postal Universal (SPU).
El pasado 9 de julio, tras dos años de investigación
después de las denuncias realizadas por ASEMPRE
(Asociación de Empresas de Reparto -y Manipulación de
Correspondencia-), y UNO, lobby de la patronal de
paquetería, se conocía la resolución de Bruselas que
obliga a Correos a devolver 167 millones de euros al
Estado por una compensación excesiva por la prestación
del Servicio Postal Universal en el período 2004-2010.
Las denuncias de los lobbies se centraron en la
compensación por prestación del Servicio Postal
Universal en el período arriba indicado, ampliaciones de
capital, compensación por procesos electorales,
regímenes de la Seguridad Social y pensiones de personal
funcionario, entre otros, para lo que exigían una
penalización de 8.000 millones de euros. La Comisión
Europea ha rechazado la mayoría de las pretensiones de
UNO por entender que Correos actúa acorde a la legalidad
en todas ellas, dejando reducida la demanda a la
devolución de sólo 167 millones de euros de los 8.000
exigidos.
A la vista de los hechos, la Sección Sindical de CCOO en
Correos denuncia “el interés cicatero y deplorable de la
patronal de logística UNO por intentar liquidar un
servicio postal público accesible, asequible y en
igualdad de condiciones para todos la ciudadanía,
sustituyéndolo por el beneficio y el negocio, por un
modelo de distribución con empleo desregulado,
devaluado, precario para los trabajadores y trabajadoras
y discriminatorio para los ciudadanos y ciudadanas, con
una clara concepción en la que prima la rentabilidad y
se anula el servicio público”.
CCOO ha instado al Gobierno a que tome medidas para
neutralizar esta actitud mercenaria de quien quiere
construir país a costa de recorte de derechos y de
empleo precario, y a que, sin demoras, apruebe el Plan
de Prestación del Servicio Postal Universal —los
sindicatos estiman en 230 millones de euros— pendiente
desde hace 20 años, con el que se fijen las cuantías
justas del coste del servicio postal público al objeto
de que se sitúen en la centralidad los derechos de la
ciudadanía y evitar que la indefinición de este plan
pueda ser utilizado por los lobbies privados logísticos
para atacar y tumbar la empresa pública Correos, su
viabilidad y poner en riesgo el empleo de casi 60.000
personas.
En un momento en el que el nuevo Gobierno se está
replanteando la reforma de los organismos reguladores,
CCOO exige que con esa medida se minimice el margen de
actuación de los lobbies privados que buscan la
rentabilidad del negocio, debilitando el servicio postal
público prestado a la ciudadanía. Y ha vuelto a recordar
que el Ejecutivo tiene en su mano desactivar el proceso
de movilización abierto si convierte en acción de
Gobierno las demandas de las organizaciones sindicales,
entre las que se sitúa, la entrada en vigor del Plan de
Prestación del SPU. |
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