• Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF
prosiguen en Valencia con las movilizaciones de
delegados y delegadas en la Administración General del
Estado (AGE) pidiendo "más empleo público, salarios
dignos", la protesta ante la sede de la Delegación del
Gobierno del País Valenciano, al igual de las que se
vienen repitiendo en todo el territorio nacional.
Los sindicatos denuncian en Valencia el grave deterioro
de los servicios públicos en la Administración General
del Estado, que ha sido castigada de manera especial
durante los últimos años por el Gobierno para cumplir
los parámetros de contención del gasto, tanto en la
reposición de efectivos como en las condiciones
retributivas del personal y por los recortes efectuados
con la excusa de la crisis. La Administración General
del Estado ha reducido su plantilla más de un 16%, con
una pérdida superior a los 30.000 empleos públicos. En
el escenario actual, las reclamaciones resultan
imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, señala José Manuel Vera, secretario general
del sector AGE de CCOO, para el que "el personal público
es quien garantiza los derechos, la igualdad y la
cohesión social".
En el País Valenciano, la AGE emplea en la actualidad a
unas 12.500 personas, incluyendo personal funcionario y
laboral; una cifra que no ha dejado de menguar desde
2010, cuando eran 14.000. A nivel estatal, se han
destruido los citados 30.000 puestos de trabajo en la
AGE.
A la pérdida de empleos, con la consiguiente degradación
de la calidad de los servicios que se prestan a la
ciudadanía, se añade la pérdida de poder adquisitivo
acumulada por el personal de la AGE en la última década,
que los sindicatos cifran en un 14%.
Para revertir estos recortes, CCOO emprendió hace más de
un año una campaña sindical con el lema “Recuperar lo
arrebatado”. Y el pasado 21 de mayo, CCOO, UGT y CSIF en
la AGE iniciaron una campaña conjunta de movilizaciones,
con concentraciones en Albacete y Melilla; que se siguen
extendiendo por el resto del país. Los sindicatos avisan
de que sí no logran sus objetivos, convocarán paros
parciales e incluso huelga en la Administración General
del Estado.
Los sindicatos piden al nuevo Gobierno el desarrollo del
II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el
pasado de 9 de marzo con el anterior ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Las nuevas ministras de Hacienda, María Jesús Montero,
Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet,
tienen que asumir y profundizar el Acuerdo con la
apertura de los ámbitos de negociación establecidos en
el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo,
derechos (restablecimiento del 100% de las retribuciones
en situación de incapacidad temporal y la recuperación
del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y
salario.
CCOO, UGT y CSIF quieren “no sólo frenar la sangría de
empleos, sino empezar a recuperar los destruidos”.
Reclaman también “un salario digno y justo para todo el
personal de la AGE, donde hay colectivos que no llegan a
los mil euros netos al mes”. Los sindicatos exigen que
el salario mínimo en la AGE llegue a los 1.200 euros,
además de homologar las condiciones retributivas del
personal laboral y el personal funcionario.
Para paliar las pérdidas de poder adquisitivo, reclaman
un incremento lineal de200 euros y una dotación
presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento
de la carrera profesional para todas las empleadas
públicas y todos los empleados públicos de la
Administración del Estado.
Los sindicatos también reclaman el desarrollo y
aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la
AGE; así como el desbloqueo del IV Convenio Único del
personal laboral, “que lleva más de dos años sin avances
significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del
Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones,
el derecho a la carrera profesional o la adaptación de
la clasificación profesional al actual sistema de
titulaciones.
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN DEL CSIC
Por su parte, el coordinador del SAE de la FSC-CCOO en
País Valenciano, Magín García Carmena ha denunciado, “la
falta de personal y carga de trabajo en Instituciones
Penitenciarias, con una edad media elevada, así como la
desigualdad de salarios entre administraciones, la
externalización con empresas privadas en la AGE y la
precarización y el intenirinaje en los centros de
investigación del CSIC.” |
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