|
• La consellera garantiza que la Fiscalía
de Menores y el Instituto de Medicina Legal tendrán más
personal, en especial traductores, para atender a los
629 náufragos.
• Bravo: "Vamos a tener todos los recursos preparados y
desde la Justicia se van a defender sus derechos de
manera integral".
La consellera de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela
Bravo, ha presidido una reunión con todos los operadores
jurídicos de València para coordinar la asistencia
jurídica y legal a la que tienen derecho las 629
personas náufragas norteafricanas que están a bordo del
buque Aquarius, que llegarán al puerto de Valencia
después que las autoridades italianas se hayan negado a
facilitarles refugio en sus puertos.
A la reunión, que se ha celebrado en la sede de la
Conselleria de Justicia han asistido la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia de la CV, Pilar de la
Oliva, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer,
la directora del Instituto de Medicina Legal, Elvira
Garrido, la jefa de la Fiscalía de Menores del TSJ,
Consuelo Benavent, Esther Sanchis y Rebeca Lino, de la
sección de Extranjería del Colegio de Abogados de
Valencia, y representantes de las consellerias de
Igualdad y Sanidad.
La consellera ha recordado que, entre los 629 refugiados
del Aquarius, hay 123 menores extranjeros no
acompañados, así como otros once niños y siete mujeres
embarazadas. Estos menores serán una de las prioridades
pues "es competencia del Instituto de Medicina Legal (IML)
de València la verificación de su edad".
En este sentido, la directora del Instituto, Elvira
Garrido, ha asegurado que el IML cuenta con seis
forenses especializados en realizar las pruebas médicas
para determinar la edad de una persona aunque se
necesitará un refuerzo de medios humanos, especialmente
en traductores y personal administrativo. También la
Fiscalía de Menores ha solicitado más personal
administrativo ante el previsible aumento de trabajo que
va a suponer la identificación de estos menores para
proceder a su tutela y protección.
La consellera ha asegurado que el departamento que
dirige "va a tener todo preparado para la atención
jurídica y legal de estas personas y que se defiendan
sus derechos de manera integral".
Gabriela Bravo ha explicado que las personas que viajan
a bordo del Aquarius, en cuanto pongan un pie en
València, "tienen derecho a una primera asistencia
jurídica para que puedan saber, siempre asistidos por un
intérprete, cuáles son sus derechos y para ello hemos
contado con el Colegio de Abogados de València".
En este sentido, la consellera ha recordado que, durante
estos últimos dos años, la Conselleria de Justicia ha
organizado cursos y seminarios "para formar a 645
abogados, procuradores y personal funcionarial en temas
de refugio y asilo porque es muy importante determinar
en esa primera entrevista en la que se puede detectar si
estamos ante una víctima de la trata de personas o de
tráfico de seres humanos que precisan de una ayuda
especial".
La titular de Justicia del Gobierno valenciano ha
asegurado que todos los refugiados del Aquarius tienen
asegurada la "asistencia jurídica y social integral tal
y como ya ofrecemos a través de la red de asistencia a
las víctimas del delito a través de nuestras 22
oficinas". |
|
• © valenciadiario.com
© valenciadiario.es - 2015-2018 (Todos los derechos
reservados).
• Queda terminantemente prohibida la reproducción total
o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta
Web, salvo autorización expresa de valenciadiario.com, o
de valenciadiario.es.
• Queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo
32,1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
Intelectual.
• Queda prohibida la distribución, puesta a disposición,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta Web, en cualquier forma o modalidad, sin previa,
expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera
reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o
revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente
lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. |
