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Momento de la rueda de prensa
Foto: GenVal/2018
Fuente: Generalitat Valenciana
Valencia 11
de mayo de 2018

EL CONSELL APRUEBA EL DECRETO DE DESARROLLO DE LA LEY DE RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN QUE CUMPLE CON EL PRIMER EJE DEL PACTO DEL BOTÁNICO

 

• Oltra asegura que esta iniciativa es "fundamental para el Gobierno del Botánico" porque "el primer objetivo era la nueva normativa que garantizara los ingresos mínimos de las personas".
• El Consell aprueba el decreto ley que permitirá que los ayuntamientos nombren personal funcionario interino en sus cuerpos de policía local.

El Consell ha aprobado el decreto de desarrollo de la Ley 19/2017 de Renta Valenciana de Inclusión, que entró en vigor el 22 de abril.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno Valenciano, que el decreto de desarrollo de la ley "regula aspectos concretos y procedimientos de la puesta en marcha de la nueva prestación, que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía".

Oltra ha hecho hincapié durante su intervención de que "se trata de una ley y de un decreto fundamental para el Gobierno del Botánico" porque el primer objetivo del primer eje del pacto del Botánico, rescatar personas, "era la nueva normativa respecto a la renta que garantizara los ingresos mínimos de las personas".

La portavoz del Consell ha destacado que la nueva renta "es un derecho que garantiza unos ingresos mínimos a todas las personas que los necesitan y también les garantiza el apoyo para su inclusión social y laboral".

De este modo, la vicepresidenta ha indicado que la nueva renta valenciana de inclusión "incluye mejoras como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder; el aumento de los tiempos de cobertura o el ahorro en la gestión burocrática, lo que conocemos como ventanilla única".

La vicepresidenta ha destacado que la nueva renta que "rescata personas" define "por primera vez la promoción de la inclusión social como derecho subjetivo de las personas beneficiarias; el derecho a una prestación económica suficiente y el derecho a la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales adecuados".

A este respecto, Oltra ha incidido en el aumento de beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía a lo largo de esta legislatura, que han pasado de 31.000 en 2013 a 51.000 en 2017, con un incremento presupuestario de 21 millones a 58 millones el pasado año.

GARANTIZAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Por otro lado, el Consell también ha aprobado el decreto ley de modificación de la Ley 17/2017, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

La portavoz del Consell ha explicado que, mediante este decreto ley, se introduce una nueva disposición transitoria duodécima en la ley, que contempla que, hasta el 31 de diciembre, los ayuntamientos "podrán nombrar personal funcionario interino en sus cuerpos de policía local, con la categoría de agente, a través de las correspondientes bolsas de trabajo".

Oltra ha insistido en que la nueva Ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana "ha supuesto un paso más en la profesionalización de los cuerpos de Policía Local, apostando decididamente para que estén integrados exclusivamente por personal funcionario de carrera".

"Sin embargo, esta apuesta ha coincidido con un contexto de reducción palpable de las plantillas municipales, resultado de los límites de las tasas de reposición de efectivos de los últimos años", ha indicado la vicepresidenta.

Es por ello que, al eliminar la nueva ley la figura del personal interino, "se ha dado lugar a una situación en la que su aplicación puede ser motivo de graves dificultades a corto plazo para muchos ayuntamientos", ha asegurado Oltra, quien ha hecho también referencia a la proximidad del periodo estival, "durante el cual muchos municipios multiplican su población y pueden tener muy difícil prestar un servicio policial adecuado".

Por este motivo, el nuevo decreto ley permitirá a los ayuntamientos reforzar sus plantillas con personal interino, quienes, según esta normativa, no podrá llevar armas de fuego y ejercerá sus funciones en materias de policía administrativa, medio ambiente, tráfico y seguridad viaria.

 

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