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Acción de Ecologistas en Acción
Foto: EcolenAcción/2018

Fuente: Ecologistas en Acción
Valencia 08
de mayo de 2018

PROTESTA ANTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ACS PARA DENUNCIAR LOS IMPACTOS PROVOCADOS POR SUS MEGAPROYECTOS

 

• Esta mañana un grupo de activistas ha realizado una acción directa no violenta ante las puertas del IFEMA en Madrid, donde se celebra la junta de accionistas de ACS.
• El objetivo de la protesta ha sido denunciar los impactos socioecológicos y la vulneración de derechos humanos cometidos por los megaproyectos que construye la empresa presidida por Florentino Pérez.

La junta de accionistas de ACS que se reunía esta mañana en IFEMA se ha visto sorprendida por una protesta a su entrada. Un grupo de personas, tiradas en el suelo y manchadas con tinta roja, protestaban a las puertas del edificio por los impactos negativos que tienen los proyectos desarrollados por la empresa en Guatemala y Palestina. La acción directa no violenta ha demandado la retirada de la empresa presidida por Florentino Pérez de los proyectos donde se están cometiendo violaciones a los derechos humanos.

La protesta ha sorprendido a las personas que esta mañana tenían cita en la junta de accionistas. Al mensaje de 'ACS contra la vida' el grupo de activistas ha señalado la necesidad de contar con mecanismos vinculantes que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. La protesta pacífica se ha desarrollado sin incidentes, aunque varios activistas han sufrido forcejeos por parte de miembros de seguridad y han sido retenidos unos minutos, sin mayores consecuencias.

Uno de los proyectos más polémicos de la empresa ACS es el complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala, el más grande del país, que consta de cinco fases proyectadas a lo largo del río Cahabón. A través de su filial Cobra, el Grupo ACS participa como contratista principal de las obras de construcción de cuatro de las cinco plantas. El complejo hidroeléctrico Renace afecta al cauce del río Cahabón a lo largo de 30 km de su recorrido, sobre el cual se asientan alrededor de 20 comunidades indígenas q’eqchi con una población conjunta de 29.000 personas.

La construcción del megaproyecto ha desatado una gran conflictividad social debido a los impactos generados. El más importante es la absorción por parte de las plantas hidroeléctricas del caudal superficial del río en cada uno de los tramos donde operan, comprometiendo seriamente la biodiversidad acuática y la disponibilidad de agua para la población local. Además del acaparamiento de agua, la apertura de carreteras, túneles y caminos necesarios para la construcción de la infraestructura ha provocado la contaminación del río así como procesos de deforestación y de privatización de tierras a lo largo de la cuenca.

Durante la implementación del complejo hidroeléctrico Renace se han documentado sucesivas prácticas que vulneran los derechos humanos de las comunidades locales. A la ausencia de un debido proceso de consulta libre, previa e informada, se suman prácticas irregulares como el incumplimiento de los pagos prometidos por la venta de terrenos, intimidaciones y amenazas a quienes se niegan a vender sus tierras, estrategias de injerencia y división de organizaciones comunitarias o cooptación de dirigencias locales.

En este contexto, quienes se oponen a la construcción de los proyectos hidroeléctricos en el Cahabón son objeto recurrente de procesos de criminalización, acoso y persecución. En el marco del conflicto con Renace se han documentado procesos de judicialización a las dirigencias comunitarias opuestas a los proyectos, amenazas de muerte, agresiones y la desaparición de una persona en 2014.

Pero el de Guatemala no es el único caso. Una filial de ACS, el grupo SEMI, también está envuelta en crímenes de guerra en la Palestina ocupada. En 2015, el grupo SEMI obtuvo un contrato para la electrificación de la red ferroviaria israelí y de la línea A1, que conecta Tel Aviv con Jerusalem. El trazado esta línea A1 incluye más de 6 kilómetros de red ferroviaria en territorio palestino ocupado y se construye en tierras expropiadas a dos municipios palestinos (Beit Iksa y Beit Surik). La participación en este proyecto por parte de la empresa SEMI constituye un crimen de guerra, ya que supone el pillaje de tierra y recursos de la población local por parte de una empresa privada.

 

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