• CCOO ha conocido a través de los medios
de comunicación el acuerdo entre el PP y el PNV sobre
aspectos que atañen directamente al sistema público de
pensiones y a los derechos de quienes ya perciben algún
tipo de pensión. Garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones en 2018 y 2019, es sin duda positivo, pero si
no se corrige la reforma de 2013 en 2020 el problema se
mantiene. Para CCOO el sistema público de pensiones
requiere visión a largo plazo y el máximo consenso
posible, más que improvisaciones motivadas por
necesidades coyunturales.
Al parecer, el acuerdo se basa en un incremento de las
pensiones del 1,6% tanto este año como el siguiente, el
aumento de las bases reguladoras de las pensiones de
viudedad hasta el 56% en este año y el 60% en 2019, y el
retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad
hasta el año 2023.
Para CCOO hay que resaltar, en primer lugar, que estas
propuestas, si se confirman, se abren camino gracias a
las movilizaciones que han tenido lugar a lo largo de
estos meses en multitud de ciudades y en las que han
participado centenares de miles de jóvenes y mayores en
defensa de los aspectos básicos de la protección social.
Sin su movilización no hubieran sido posibles las
modificaciones anunciadas.
Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2018
y 2019 es positivo, sin duda, pero si no se corrige la
reforma de 2013, el 1 de enero de 2020 el problema se
mantiene intacto y volveremos al 0,25%.
Se anuncia también el aplazamiento de la aplicación del
factor de sostenibilidad hasta 2023, frente a la
intención inicial del Gobierno de hacerlo en 2019.
Conviene recordar que en la mencionada Ley de 2011 no es
hasta 2027 cuando debería procederse a la revisión de
los parámetros fundamentales del sistema para financiar
el impacto del incremento de esperanza de vida. La
medida anunciada desplaza cuatro años el problema
generado por la reforma impuesta en solitario por el PP
en 2013, pero no corrige la regulación del factor de
sostenibilidad que hemos rechazado. Por tanto, es una
buena noticia que no se aplique en 2019, pero el
problema sigue ahí, aún desplazado en el tiempo.
En cualquier caso, hay que aclarar algunos aspectos que
se presentan como novedosos a pesar de estar pendientes
desde hace tiempo. En concreto, la elevación hasta el
60% de la base reguladora en las pensiones de viudedad
se incorporó en la Ley 27/2011 por la que se
desarrollaba el Acuerdo social y económico para el
crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones
firmado en febrero de ese año en el ámbito del diálogo
social. Se establecía entonces un proceso progresivo de
elevación desde el 52% hasta el 60% que debía haber
comenzado en 2012 a lo largo de ocho años. Nada se ha
hecho hasta ahora y, por fin, parece que podría
aplicarse esa medida con importante impacto para una
parte de las pensiones de viudedad, percibidas muy
mayoritariamente por mujeres.
Por último, CCOO insiste en la necesidad de que todas
estas materias sean abordadas tanto en el marco del
Pacto de Toledo como en la correspondiente mesa del
diálogo social. El sistema público de pensiones requiere
visión a largo plazo y el máximo consenso posible, más
que improvisaciones al margen motivadas por necesidades
coyunturales.
Es necesario equilibrar la estructura de ingresos de la
Seguridad Social aumentar los procedentes de
cotizaciones y la aportación desde los Presupuestos del
Estado.
El gobierno participado del sistema de pensiones a
través de un Pacto de Estado, con participación de
mayorías parlamentarias amplias y el acuerdo con los
interlocutores sociales, es la mejor garantía de
mantenimiento del pacto intergeneracional que lo
sustenta, trasladando a las distintas generaciones
(actuales y futuros pensionistas; trabajadoras y
trabajadores activos y jóvenes), la confianza en que van
a ser tratados de igual forma. |
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