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• Este lunes entra en vigor la renta
valenciana de inclusión social, que amplía los
requisitos y mejora los beneficios de los titulares de
la ayuda.
• La nueva renta contempla cuantías que van de los 515
euros a los más de 800 euros y el derecho directo a
ayudas de vivienda, becas escolares, eliminación del
copago y el acceso a la sanidad universal.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que la entrada en
vigor este lunes, 23 de abril, de la nueva renta
valenciana de inclusión "consolida la política de
rescatar personas puesta en marcha por el Consell del
Botànic" y que garantizará el derecho de toda la
ciudadanía a disfrutar de una vida digna.
La nueva renta valenciana de inclusión incluye mejoras
respecto a la actualmente vigente renta garantizada de
ciudadanía, como el incremento del importe de la ayuda,
la ampliación y flexibilización de los requisitos para
acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la
prestación y el ahorro en la gestión burocrática.
Oltra ha manifestado su satisfacción porque, con la
nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, se
garantiza, "por fin, un derecho subjetivo" a una
prestación económica que permita cubrir necesidades
básicas, como es "el acceso a una vivienda o el pago del
agua, la luz o el gas, que son cuestiones básicas para
tener una vida digna".
Además, ha reivindicado la gestión de la renta
garantizada de ciudadanía "del Consell del Botànic en
estos tres años, que ha logrado cifras récords de 51.247
personas destinatarias, un 61% más que las que había en
2013", y ha valorado el desarrollo "eficiente" frente al
realizado por el antiguo gobierno, que fue el que la
creó.
Al acabar 2017, según ha indicado la vicepresidenta del
Consell, había 51.274 personas destinatarias y la
previsión es que esta cifra "crezca entre un 40% y un
50% en el primer año de implantanción de la nueva
renta".
MODALIDADES
La prestación tendrá carácter indefinido siempre y
cuando persista la situación que hace necesaria su
percepción y la renovación se hará cada 3 años. Además,
amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años,
en aquellos supuestos especiales como las de jóvenes ex
tutelados por la Generalitat o con personas a su cargo.
La nueva renta valenciana de inclusión contempla cuatro
modalidades de prestaciones económicas en función de la
situación de vulnerabilidad económica, social o laboral
de la persona y su unidad de convivencia: la renta de
garantía y la renta complementaria.
Al respecto, la vicepresidenta del Consell ha precisado
que las que entran en vigor este año son las
prestaciones garantía de inclusión social cuyo titular
suscribe, voluntariamente, un acuerdo de inclusión
social; y la de ingresos mínimos, cuyo beneficiario no
suscribe este compromiso.
Con la nueva ley, el importe de la prestación será,
según el salario mínimo interprofesional a la que está
referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular,
y 809,49 euros para una unidad familiar de seis
personas. Una cuantía que puede verse incrementada hasta
en un 25% en el caso de que la persona solicitante
requiera ayuda para pagar su vivienda habitual o el
suministro energético.
En este último caso las cuantías oscilarían entre los
643,91 euros y los 1.101,86 euros.
OTRAS NOVEDADES
Para Mónica Oltra, una de las novedades más
significativas de la nueva ayuda respecto de la anterior
es que las personas destinatarias tendrán el acceso
directo, "en el mismo trámite y sin tener que gestionar
nada más", a otros tipos de ayudas, como las becas de
educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de
matrícula de educación, becas de comedor escolar,
sanidad universal y prestación farmaceútica y
ortoprotésica.
ACCESO DIRECTO Y TRÁMITES SIMPLES
Por otro lado, Mónica Oltra ha señalado que la norma
simplifica la tramitación y se ahorra gestión
burocrática, de manera que las solicitudes se tramitan a
través de los servicios sociales municipales, que serán
los encargados de realizar la parte de valoración e
intervención con la persona solicitante, mientras que el
proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a
través de la Administración autonómica.
Para agilizar todo el proceso, además de las mejoras e
inversiones realizadas para reforzar los equipos
sociales municipales en los últimos años, la Conselleria
de Igualdad cuenta este año con una partida de más de 41
millones de euros que van a permitir a los ayuntamientos
contratar a 1.573 profesionales.
Paralelamente, se ha puesto en marcha una aplicación
informática, creada para su gestión que por primera vez
permitirá la interconexión entre los servicios sociales
municipales y la Administración autonómica.
Asimismo, en las semanas previas a la entrada en vigor
de la ley se han realizado desde la Conselleria cursos
de formación para todos los trabajadores de los
servicios sociales municipales.
La vicepresidenta ha incidido en que la nueva ley
introduce novedades significativas, como la redefinición
de las unidades de convivencia, de manera que, ahora,
dos unidades de convivencia podrán tener el mismo
domicilio, siempre que los servicios sociales así lo
consideren. |
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