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Acción de Greenpeace
Foto: Greenpeace/2018
Fuente:
Greenpeace Valencia
13 de abril de 2018 |
ACTIVISTAS DE GREENPEACE CORTAN EL AGUA A LAS OFICINAS
DE ACS PARA DENUNCIAR UN PROYECTO QUE HA DESTRUIDO EL
RÍO DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA DE GUATEMALA |
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• Un proyecto hidroeléctrico en el que
participa la empresa de Florentino Pérez, a través de
una filial, restringe el acceso al agua de más de 29.000
indígenas quekchí.
• La obra ha destruido el curso de un río y se ha
ejecutado sin la consulta ni el consentimiento de los
pueblos indígenas afectados.
• Con el corte del agua, Greenpeace quiere que la
empresa se ponga en la piel de las personas afectadas
aunque sea simbólicamente.
Activistas de Greenpeace protestan en la sede de la
empresa ACS (del grupo empresarial de Florentino Pérez)
para denunciar su responsabilidad, a través de su filial
Grupo Cobra, en el daño ambiental y social provocado por
un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón, en el
departamento de Alta Verapaz, en Guatemala (1), que ha
afectado a casi 30.000 habitantes de la zona.
Los activistas han desplegado pancartas con el mensaje
“ACS destruye los ríos de Guatemala” y han cerrado la
llave general de paso del agua de las oficinas centrales
en la calle Pío XII para sensibilizar a los responsables
de la empresa, aunque sea de forma simbólica, la
dificultad de mantener cualquier actividad sin este
valioso recurso.
ACS, a través de su filial Grupo Cobra, ha participado
como subcontrata en varias fases del complejo
hidroeléctrico RENACE, una infraestructura que ha
alterado profundamente el río Cahabón a lo largo de 30
kilómetros (2). Además de los graves carencias del
procedimiento de evaluación ambiental y los fallos en el
proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto
ha producido un daño ambiental significativo. También ha
acarreado la reducción drástica del caudal del río que
ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua
potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad
quekchí.
“Denunciamos que empresas como ACS puedan participar en
la degradación ambiental y la violación de los derechos
humanos en otros países, con la cobertura y el
beneplácito del Gobierno español”, ha declarado Miguel
Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
PERSECUCIÓN DE ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES
Como participante en la construcción de esta
infraestructura, el Grupo ACS tampoco puede eludir su
responsabilidad en el problema de la criminalización y
persecución del movimiento de oposición a esta
infraestructura. El pasado martes 30 de enero, Bernardo
Caal Xol, líder indígena del pueblo quekchí opuesto a
los megaproyectos hidroeléctricos, fue detenido y ahora
está encarcelado. El caso de Bernardo Caal recuerda a la
actividad de la activista hondureña asesinada Berta
Cáceres, y ha llegado incluso al Parlamento español.
“Pedimos la libertad de los líderes indígenas que están
siendo perseguidos por oponerse a estos proyectos. Lo
que les pase a los que alzan su voz contra estos
proyectos es también responsabilidad de las empresas que
participan en su construcción”.
“Según los Principios Rectores de la ONU sobre las
Empresas y los Derechos Humanos la responsabilidad de
las empresas de respetar los derechos humanos se aplica
a todas ellas, independientemente de su tamaño, sector,
contexto operacional, propietario y estructura”, ha
recordado Soto. “Por este motivo pedimos la libertad de
Bernardo Caal y el cumplimiento del principio de la
Diligencia Debida donde el respeto de los derechos
humanos es extensible a todas las empresas, sin
diferencias entre empresas contratistas y
subcontratistas”.
Greenpeace también cree necesario avanzar durante el año
2018 en la redacción y aprobación en el marco de
Naciones Unidas (2) de un tratado internacional
vinculante sobre transnacionales que asegure el
desarrollo de normas obligatorias que acaben con la
impunidad actual y asegure que las personas jurídicas
puedan ser interpeladas por instituciones penales por
sus actividades extraterritoriales.
“Esperamos que España y el resto de países de la Unión
Europea no intenten hacer descarrilar este proceso
histórico”, ha señalado Soto. “Los Principios Rectores y
los códigos de conducta voluntarios están fallando
estrepitosamente y hace falta avanzar hacia un marco
jurídico de obligado cumplimiento”. |
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