• Tras los previsibles retrasos en la
entrega, ayer salió a la luz el documento encargado a
los 14 miembros de la Comisión de Expertos sobre
Escenarios de Transición Energética. Dos cosas llaman la
atención de este comité: la inexplicable ausencia de
mujeres en su composición y su claro sesgo ministerial.
Si se valora el perfil de los comisionados en este
grupo, la mayoría parece más preocupada en defender el
punto de vista del Ministro Nadal y los intereses de las
grandes empresas, que el de las personas y el clima. La
elección del comité fue desaprobada en su momento por
todas las organizaciones ecologistas debido a su falta
de independencia, objetividad y representatividad.
El caso es que tras dos docenas de encuentros a lo largo
de los últimos meses, el resultado ha sido el documento
que hoy lleva por título “Análisis y propuestas para la
descarbonización” . Es por lo tanto urgente transitar en
el menor tiempo posible hacia un modelo energético
electrificado, renovable y libre de combustibles
fósiles. Y aunque no especifique el cuándo, parece que
hay un relativo consenso dentro del comité: esta es la
vía para reducir emisiones de gases de efecto
invernadero. Esta, y otra vía que, sin ser excluyente,
sorprende que se introduzca tan de pasada en el texto:
la de la reducción del consumo energético en todos los
sectores económicos que lo permitan, no solo en los de
transporte y edificación.
Amigos de la Tierra considera que el capítulo primero en
el que se desarrollan los diversos escenarios
energéticos es el más interesante del conjunto, aunque
para los análisis contemplados se asuman escenarios
basados en indicadores tradicionales para medir la
economía y el consumo como son el Producto Interior
Bruto o el consumo de energía, ignorando otros
indicadores alternativos más humanizados y respetuosos
con el Planeta. Por si fuera poco, se asume el año 2005
como año base, algo que desde el ecologismo siempre se
ha considerado como erróneo, puesto que en ese año el
Estado español alcanzó su tope de emisiones, y eso
distorsiona el impacto real de las medidas de mitigación
puestas en marcha hasta la fecha por los diversos
Gobiernos.
Según Hector de Prado, responsable de Clima y Energía de
la asociación: “a grandes rasgos, los expertos vienen a
decirnos: alarguemos la nuclear (a pesar de los costes
exorbitados y el riesgo que conlleva), mantengamos un
poco más el carbón (aunque sea una tecnología obsoleta),
y metamos más renovables de ahora a 2030, eso sí, con el
gas natural colgado del bracito (más infraestructuras
que financiar y amortizar). El ministro debe estar
bastante complacido, sin duda. Las organizaciones
ecologistas no tanto: si esta es la base para que el
Gobierno redacte el borrador de Plan Integrado de Clima
y Energía que la nueva regulación europea de Gobernanza
nos exigirá para finales de año, apaga y vámonos”.
Es de recibo apuntar que el apoyo a la mayoría de estas
conclusiones no cuenta ni mucho menos con el consenso
total dentro del propio grupo de expertos: debido a
matices de diversa índole explicados al final del
documento, 3 de los 14 representantes se han abstenido
de darle el visto bueno, es decir algo más de un 20% de
los representantes.
Amigos de la Tierra, en su voluntad por conseguir una
ley de máximos que como mínimo se asemeje a las de
nuestros países vecinos, lanza el mandato a los autores
de dicho informe para que expliquen y desarrollen
determinadas aseveraciones que se encuentran (o no)
presentes en el texto, especialmente las referidas a
determinadas tecnologías, o la ambigüedad con la que se
trata el concepto de democracia energética y
empoderamiento de la ciudadanía.
Asimismo, la organización ecologista tiene la intención
de reunirse con los diversos grupos parlamentarios y con
la Oficina Española de Cambio Climático para orientar el
debate hacia los intereses de las personas y el Planeta,
evitando que caiga en uno basado en el intercambio de
cifras y en el que la ciudadanía acabe siendo la parte
más perjudicada. Amigos de la Tierra ve una ley de estas
características como una prueba de fuego y a la vez una
oportunidad para que un amplio espectro de la sociedad
española aúne esfuerzos por una causa ambiental y social
de primera magnitud. Además considera fundamental que la
ciudadanía perciba este reglamento como algo positivo,
que le va a reportar beneficios a medio plazo, no como
otro “invento del Gobierno para recabar más impuestos”. |
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