• La Organización cree que la ayuda
económica solo supone un alivio puntual, pero no
soluciona el actual problema de acceso a la vivienda.
• OCU cree que el Plan debería poner más el foco en la
oferta de vivienda asequible en alquiler, sobre todo
pública, para lograr un reequilibrio entre oferta y
demanda, adaptado a la realidad de los ingresos de los
hogares de nuestro país.
• La Organización cree que se debería de volver al plazo
de 5 años de duración de los contratos, con el fin de
ofrecer más estabilidad a los hogares y hacer del
alquiler una opción real de modo de vida en España.
Tras conocerse el contenido definitivo del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021, la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) valora de forma insuficiente la manera en
la que el programa pretende promover el alquiler y
facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más
vulnerables.
Según OCU, las ayudas en dinero destinadas a la compra
de vivienda o al pago de rentas de alquiler puede
suponer un alivio puntual para determinadas personas,
pero no es la respuesta al actual problema de acceso a
la vivienda de nuestro país.
En opinión de la Organización, para cientos de miles de
jóvenes (y no tan jóvenes), que no disponen de ahorros
suficientes para la compra de una vivienda ni ingresos
mensuales estables o suficientes para hacer frente a
cuotas de hipoteca, una ayuda de 10.800 euros no les
resuelve el problema. OCU cree que esta aportación
aliviará a unos pocos, pero no contribuye a resolver el
problema general.
Además, la Organización de Consumidores cree que el
aumento del precio del alquiler en las grandes ciudades
tampoco se va a frenar con ayudas al pago para los
inquilinos. Por el contrario, OCU considera que el foco
debería estar mucho más dirigido a aumentar la oferta de
vivienda asequible en alquiler, sobre todo pública, para
lograr un reequilibrio entre oferta y demanda, adaptado
a la realidad de los ingresos de los hogares de nuestro
país.
Por otro lado, OCU cree que aún persisten problemas de
fondo que se deben afrontar. Así, la Organización
considera que se debería de volver al plazo de 5 años
para la duración de los contratos, con el fin de ofrecer
más estabilidad a los hogares y hacer del alquiler una
opción real de modo de vida en España. Asimismo, cree
que se debería modificar la LAU para que la venta de la
vivienda arrendada no suponga la extinción del contrato
de arrendamiento, y que se respete su duración legal.
OCU considera que las autoridades de Consumo deberían
afrontar con decisión el problema de los abusos en el
cobro sistemático de comisiones de agencia a los
inquilinos en aquellos casos en los que este no encargue
a la agencia la búsqueda de una vivienda, sino que es él
mismo quien la encuentra y concierta las visitas. Según
OCU, esos cobros han sido declarados abusivos
repetidamente por los tribunales de justicia, pero son
impuestos a los inquilinos sin que estos puedan hacer
nada por evitarlo, salvo renunciar a la vivienda.
Para OCU, la regulación de todo el proceso constructivo
de la vivienda en España, desde la planificación y
transformación del suelo hasta la inscripción del
inmueble, pasando por las licencias y controles
municipales está atrasada, resulta ineficiente, es
excesivamente cara y por tanto contraria a su fin
último: facilitar el acceso del ciudadano a una vivienda
asequible.
Por último, la Organización aboga por que se
simplifiquen los trámites urbanísticos y constructivos,
además de la burocracia notarial y registral, junto con
una clarificación y reducción del conjunto de impuestos
y tasas actualmente existentes, para abaratar el proceso
constructivo y producir viviendas más asequibles para
los ciudadanos.
Con todo esto, la Organización considera que el problema
de la vivienda debería ser abordado de una vez en toda
su amplitud, con consenso y valentía, no a base de
parches. |
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