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• La diferencia entre ingresos y gastos
no financieros incluidos en presupuesto es de -1.398
millones, la cifra más baja desde 2008 y un 68% inferior
a la que se alcanzó en 2012 (-4.384 millones).
• El resultado presupuestario negativo cae también un
10% a pesar de haber tenido que aportar 274 millones
para eludir la quiebra heredada de la SGR y 91 millones
a entes públicos para tapar agujeros del pasado.
• Los números certifican que la Comunitat, con una
financiación como la media de las autonomías, habría
cumplido sobradamente con el déficit autorizado por el
Gobierno y no necesitaría las inyecciones del FLA.
El pleno del Consell ha tomado hoy razón de la
Liquidación del Presupuesto de la Generalitat de 2017,
elaborada por la Intervención General de la Generalitat,
como paso previo a la confección de la Cuenta General
que se rendirá en los próximos meses.
El documento certifica el proceso de saneamiento de las
cuentas autonómicas, con una reducción del déficit
presupuestario no financiero del 25%, al pasar de los
1.870 millones de 2016 a 1.398 millones al cierre de
2017. Una cifra que es la más baja desde 2008 y que
supone una minoración del 69% respecto a 2014 (-3.766
millones), siendo sensiblemente inferior a la de 2012,
cuando llegó a los -4.384 millones).
La reducción del déficit presupuestario no financiero
-que es la diferencia entre los capítulos I a VII,
todos, salvo las operaciones financieras- se ha
producido a pesar de que el Consell ha hecho al mismo
tiempo un importante esfuerzo de gestión, con un aumento
de la ejecución de las inversiones directas y a través
básicamente de su sector público (capítulos VI y VII)
del 36,8%: De 579 millones en operaciones de capital
ejecutados en 2016 a 792,7 millones de 2017. Esto ha
supuesto 213 millones más y un incremento de la
ejecución de 3,7 puntos.
El indicador evidencia la recuperación de la economía
valenciana y la mejora en la gestión de las finanzas
autonómicas, únicamente lastradas por la clara
infrafinanciación de la Comunitat Valenciana
El Gobierno valenciano también ha rebajado el resultado
presupuestario negativo (la diferencia entre los
capítulos I al VIII de ingresos y gastos, excluyendo
solo la emisión y amortización de deuda) en un 10%
respecto a 2016, situándose en -1.975 millones.
Ésta es la cifra más baja desde hace 8 años. En 2012,
este indicador alcanzó el techo de los -6.223 millones
de euros, más de un billón de las antiguas pesetas. La
minoración es del 56% respecto a 2014, cuando llegó a
los -4.479 millones.
La mejoría en el resultado presupuestario ha sido
posible pese a que las cuentas se ven lastradas por la
incorporación de los 274 millones de la operación para
salvar a la Sociedad de Garantía Recíproca de la
situación de quiebra en que se heredó del anterior
Consell, al tiempo que ha habido que inyectar 91
millones en entidades públicas para corregir
desequilibrios del pasado.
LA LIQUIDACIÓN NO PERMITE DETERMINAR EL DÉFICIT
Cabe subrayar que la Liquidación corresponde
exclusivamente al presupuesto de la Administración de la
Generalitat, es decir, no incluye los organismos
autónomos ni el resto de entidades del sector público.
Tampoco incorpora las operaciones pendientes de aplicar
a presupuesto.
Se elabora con criterios de caja presupuestaria y no en
términos de contabilidad nacional (ajustes SEC), con lo
que no permite conocer el déficit de la Generalitat que
rige a efectos de la ley de Estabilidad y que se remite
a Europa.
Como ejemplo, en 2016 el resultado presupuestario
negativo fue de -2.189 millones y el déficit
presupuestario no financiero, de -1.870 millones. Sin
embargo, el déficit a efectos de la Ley de Estabilidad
fue de -1.571 millones.
No obstante, estos indicadores sí sirven como
orientación para saber cuál es el estado de las finanzas
públicas. En este sentido, los números certifican que la
Comunitat Valenciana, de haber gozado con una
financiación por habitante en condiciones de igualdad
con el conjunto de las autonomías, habría cumplido
sobradamente los límites autorizados de déficit.
LA "QUIEBRA" DE LA SGR LASTRA LOS ACTIVOS FINANCIEROS
En el resultado presupuestario, destaca el aumento de
las operaciones con activos financieros, que ven
incrementado su saldo negativo en 258,4 millones, al
pasar de 319,2 millones de 2016 a 577,6 millones al
cierre de 2017.
Esa variación negativa se explica básicamente por el
reconocimiento que ha tenido que llevar a cabo la
Generalitat de 274,9 millones por la reestructuración de
riesgos y deuda de la SGR -anotada en el apartado de
"Fianzas a Corto Plazo"-, como consecuencia de la
situación de quiebra en que el actual Consell recibió la
entidad del anterior Ejecutivo.
Además, se han tenido que realizar aportaciones
patrimoniales a empresas del sector público por importe
de 40,9 millones de euros y otros 49,9 millones en
capitalizaciones y ampliaciones de capital básicamente
para restablecer desequilibrios con origen en el pasado.
Los datos evidencian que el anterior Ejecutivo realizó
una gestión del sector público que dejó a muchas de
estas empresas en una situación prácticamente inviable
por las deudas contraídas o por la puesta en marcha de
proyectos ruinosos, una situación que obliga ahora a dar
una solución para garantizar la viabilidad de las
finanzas autonómicas.
EL RECURSO A LA DEUDA BAJA UN 30%
En cuanto a la variación neta de pasivos financieros,
plasma el aumento de la deuda de la Administración de la
Generalitat. En 2017, la cifra se sitúa en 2.269,8
millones, lo que supone una reducción del 29,5% respecto
a la registrada en 2016, cuando sumó 3.220,4 millones.
El descenso respecto a 2014 es aún mayor, un 61%, ya que
ese año el aumento de la deuda fue de 5.779 millones. En
2012 alcanzó los 6.603 millones de euros, más un billón
cien mil millones de las antiguas pesetas en un solo
ejercicio.
La situación de infrafinanciación, tras el
incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno
de que en 2017 se reformaría el modelo, ha obligado al
Consell a tener que recurrir al Fondo de Liquidez
Autonómica, que financió los vencimientos de deuda de la
Generalitat y del resto de entidades sectorizadas
correspondientes a 2017, así como el déficit autorizado
para el ejercicio, los déficits no autorizados de
ejercicios anteriores y la devolución de las
liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
El Consell reclama una financiación justa acorde con las
necesidades de los valencianos y en condiciones de
igualdad, no préstamos que tendrá que devolver junto con
el abono de intereses. Incluyendo las operaciones
financieras, la liquidación muestra un superávit de
financiación del ejercicio de 581,7 millones de euros.
El remanente de tesorería total ha mejorado respecto al
ejercicio pasado, con un saldo de -1.626 millones
(-1.664 millones en 2016).
2.285 MILLONES PENDIENTES, EXCLUIDO EL CONFIRMING
Por su parte, las obligaciones pendientes de pago a 31
de diciembre se elevan a 2.675 millones, muy por debajo
de los 4.001 millones de 2014 y de los 4.959 millones
registrados en 2013.
En el montante, ha tenido una incidencia importante el
retraso del Gobierno central en habilitar el FLA
extraordinario, algo que no sucedió hasta finales del
ejercicio, con lo que la tramitación de multitud de
operaciones se desplazó hasta los últimos días del año,
efectuándose el abono por motivos puramente técnicos a
partir de enero.
Paralelamente, la normativa sobre el Periodo Medio de
Pago relega determinadas subvenciones a personas físicas
y jurídicas, así como a las transferencias a los entes
del sector público, en favor del abono de la deuda
comercial, lo que ha conllevado incrementar las
operaciones por Confirming (sistema por el que las
entidades financieras adelantan los pagos a los
beneficiarios antes de los 90 días de vencimiento
fijados).
Con este servicio, los beneficiarios ingresan las
cantidades pendientes aunque a efectos de la
contabilidad pública no computan como pagadas hasta los
90 días. En este sentido, las operaciones de Confirming
con terceros pendientes de vencimiento a 31 de diciembre
ascendían a 390.638.011,95 euros.
De este modo, las obligaciones pendientes, excluido el
saldo de Confirming, ascendieron realmente a 2.285
millones. Asimismo, hay cerca de 1.000 millones en
obligaciones pendientes en concepto de transferencias
internas de la propia Administración a su sector
público, cuya disposición se realiza en función de las
necesidades de liquidez de los organismos y empresas
públicas.
Cabe destacar que en diciembre de 2017 el PMP de la
Generalitat fue el más bajo desde que existe esta
estadística sobre los plazos de abono a los proveedores
y empresas, situándose en 28,51 días.
De este modo, el Consell cumplió con la Ley de
Morosidad, dando muestras del esfuerzo por mejorar la
gestión de la tesorería, a pesar de la infrafinanciación
y de la discrecionalidad con la que el Ministerio de
Hacienda habilita la tranferencia de FLA.
En todo caso, el Consell incrementó su actividad durante
2017, con un total de obligaciones reconocidas de 14.367
millones, frente a los 13.633 millones de 2016. Los
derechos pendientes de cobro se elevaron a 282 millones,
frente a los 411 de 2016.
En este apartado, y siguiendo las recomendaciones de la
Sindicatura de Comptes, se ha cambiado el criterio y se
ha provisionado la totalidad de la dotación de derechos
de cobro dudosos, que por ello pasan de 48 millones a
233 millones. |
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