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• La ley de Infancia y Adolescencia, cuyo
anteproyecto está en tramitación, universaliza los
derechos de las personas acogidas.
• La vicepresidenta ha destacado los avances del Consell
en la cobertura de las necesidades de las personas más
vulnerables.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la futura ley
de Infancia y Adolescencia consolidará los mecanismos de
protección y de promoción de derechos de todos los niños
y niñas, pero especialmente de aquellos que se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Oltra ha hecho esta manifestación durante su
comparecencia en la sesión de control de Les Corts
Valencianes, donde ha respondido a una interpelación
parlamentaria sobre la política del Consell en materia
de protocolos de educación y de sanidad de los niños,
niñas y adolescentes tutelados, acogidos y adoptados en
la Comunitat Valenciana.
Esta ley, junto al resto de medidas que se han adoptado
en los últimos dos años, están sirviendo para dotar a
las personas profesionales que trabajan o están en
contacto con la infancia y la adolescencia "de las
herramientas precisas que apoyen el desarrollo de su
labor" en ámbitos como el sanitario, el educativo y el
de la intervención social y familiar.
En este sentido, ha señalado que la futura ley, cuyo
anteproyecto está en proceso de tramitación, parte de la
concepción de que los niños y niñas deben de ser
considerados sujetos activos de derecho, lo que lleva a
"modificar no solo los protocolos concretos de actuación
en materia de protección, sino el propio marco jurídico
que los sustenta".
Así, la ley plantea un "abordaje integral de la
violencia contra los niños, niñas y adolescentes", y en
este sentido diseña un protocolo integral de lucha
contra la violencia, basado en la prevención,
protección, atención y reparación de las víctimas, con
medidas de coordinación entre los distintos agentes
intervinientes a través de actuaciones formativas.
"La persona menor de edad que sea objeto de alguna de
las distintas formas de violencia tendrá derecho a un
acceso específico a los servicios sanitarios, a los
centros educativos, a los servicios y programas sociales
y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten
necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de
su condición de víctimas", ha señalado.
La futura ley también establece "una regulación
detallada del deber de la ciudadanía, y en especial de
los profesionales que trabajan en el ámbito de la
infancia y la adolescencia, de notificar las situaciones
de desprotección y de colaborar en el ejercicio de la
acción protectora" y termina con la discriminación que
las personas tuteladas por la Generalitat tenían a la
hora de recibir ayudas de escolarización, según el
régimen de acogimiento en que estaban.
La vicepresidenta ha incidido en que la política del
Consell con las personas menores de edad que están
dentro del sistema de protección, "se centra
fundamentalmente en dar cobertura a sus necesidades con
posicionamientos de igualdad de oportunidades y, como
siempre poniendo orden en la herencia en diferido que
dejó el antiguo gobierno".
La coordinación que se ha establecido en estos dos años
con las conselleries de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, y Sanidad Universal, busca que estos
niños y niñas tutelados "puedan tener preferencia en el
acceso a cualquiera de los recursos de que dispone la
población general".
En este punto, ha recordado la regulación de medidas de
colaboración y coordinación sociosanitaria en este
ámbito, y que se ha focalizado en "una mejor
estructuración de los indicadores y factores de riesgo
existentes" con el objetivo de detectar aquellas
situaciones de desprotección derivadas de conductas
adictivas, violencia de género o el uso de los niños y
niñas de manera inapropiada en los procesos de
separación de parejas. |
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