• La inacción de las autoridades favorece
la sensación de impunidad en el sector de importadores
de productos forestales.
• Las amenazas a las poblaciones indígenas, la
degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad
y el agravamiento del cambio climático son algunas de
las consecuencias de la tala ilegal.
• Naciones Unidas estima que el 30% de la madera que se
comercializa en el mundo es de origen ilegal.
Comerciar con madera sospechosa de origen ilegal sale
barato en España. Greenpeace ha publicado hoy un informe
(1) en el que analiza y evalúa la aplicación en el
estado español del Reglamento europeo de la madera o
EUTR (European Union Timber Regulation) (2), una norma
de obligado cumplimiento en todos los países miembros
que contribuye a evitar las amenazas a las poblaciones
indígenas, la degradación de los bosques, la pérdida de
biodiversidad y el agravamiento del cambio climático. La
conclusión es clara: las administraciones públicas
españolas han mostrado una absoluta desidia a la hora de
aplicarlo, lo que ha contribuido a que reine la
impunidad en el sector de importadores de productos
forestales.
Esta normativa, que fue aprobada en 2010 y entró en
vigor el 3 de marzo de 2013, establece las obligaciones
de las empresas que comercializan productos forestales
para evitar la entrada en la Unión Europea de madera
procedente de talas ilegales.
“La primera y dolorosa constatación es que nuestros
responsables políticos han decidido no asumir su
responsabilidad en la lucha contra la tala ilegal”, ha
declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña
de Bosques de Greenpeace. “Desde el comienzo del proceso
de aplicación de esta norma europea, Greenpeace ha
constatado la tendencia desde las administraciones
públicas a minimizar el problema de la tala ilegal,
cuando no a negar directamente su existencia”.
Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la
tala ilegal era en 2017 el primer delito medioambiental
a escala global. Solo en 2016, movió entre 50.700 y
152.000 millones de dólares estadounidenses, frente a
los 30.000 y 100.000 millones estimados en 2014. Además,
supone entre el 50% y el 90% del conjunto de actividades
forestales en zonas forestales tropicales que son
productoras clave. El 30 % de la madera que se
comercializa en el mundo es de origen ilegal.
En cinco años de aplicación de la norma europea, tan
solo se ha impuesto una medida correctiva a una empresa
por insuficiencias en las obligaciones requeridas por la
norma europea, una situación propiciada por la dejadez
tanto del Gobierno central como de las administraciones
autonómicas.
En su informe, Greenpeace analiza los problemas y
carencias detectados en este lustro:
España tardó tres años en adaptar el Reglamento EUTR al
marco jurídico estatal (3) y un poco menos en tener un
régimen sancionador en la reforma de la Ley de Montes de
2015. El nombramiento de las autoridades competentes
EUTR en las diferentes CC.AA. provocó nuevas demoras y
la falta de recursos humanos e interés de las
administraciones ha hecho el resto.
Existe una alarmante falta de información y opacidad por
parte de las administraciones públicas. A fecha de hoy,
no es posible conocer el número de controles realizados
a las empresas, los expedientes abiertos o las medidas
correctoras impuestas por incumplir los requerimientos
del Reglamento EUTR.
Las administraciones competentes en la aplicación de la
EUTR se han inhibido frente a las denuncias presentadas
por Greenpeace desde mayo de 2014, a raíz de la
participación de empresas españolas en operaciones de
importación de madera procedente de empresas forestales
implicadas en talas ilegales en Brasil, Camerún y
República Democrática del Congo.
Hay una grave política de silencio por parte de las
autoridades competentes del estado español. Mientras, en
otros países de la UE, por los mismos casos denunciados
por Greenpeace las autoridades abren expedientes, los
hacen públicos y anuncian medidas sancionadoras contra
los operadores que han incumplido sus obligaciones.
Como único dato positivo, Greenpeace destaca la decisión
tomada por la Generalitat de Catalunya de proceder a la
adopción de medidas correctoras a una empresa
importadora de madera de teca de Myanmar (Birmania):
hasta que la compañía no implemente medidas adicionales
de reducción del riesgo y acredite su cumplimento, las
autoridades le han prohibido temporalmente el comercio
de madera y de productos de la madera procedente de este
país asiático.
Aunque supone un paso adelante, Greenpeace considera que
esta medida correctiva resulta claramente insuficiente.
La Ley de Montes establecía sanciones económicas en caso
de incumplimiento de los requerimientos de la EUTR e
incluso la incautación de la madera.
“Ante el bajo carácter ejemplarizante de la única medida
tomada hasta la fecha por incumplimiento de las
obligaciones del Reglamento EUTR, debemos concluir que
comerciar con madera sospechosa de origen ilegal en el
estado español sale barato”, ha criticado Soto. “Al
ritmo que vamos, las multas y la incautación de madera
previstas en el régimen sancionador de la Ley de Montes
van a tardar en ser aplicadas, si es que llegan a ser
aplicadas alguna vez”. |
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