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• Un informe de CCOO demuestra que en
2017 casi la mitad de las trabajadoras y trabajadores
con contratos para la formación y el aprendizaje
ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño
comercio, peones y limpiadores. Además, por cada
contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las
academias privadas que imparten los cursos online y
entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de
“tutoría”. En los últimos cinco años, las bonificaciones
a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el
3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros.
Para la secretaria de Empleo y cualificación profesional
de CCOO, Lola Santillana, “esto es un claro ejemplo de
la financiación pública de la precariedad laboral”.
El informe, a partir de datos de la estadística del
SEPE, analiza el número de contratos formativos
realizados y convertidos en indefinidos entre 2007 y
2017; las características sociodemográficas de las
personas contratadas –género, edad y nivel educativo
alcanzado en el momento de la contratación–, las
características de las empresas contratantes (tamaño,
sector, CNAE y comunidad autónoma) y las ocupaciones
para las que se han realizado.
Demuestra, en primer lugar, que los contratos en
prácticas y para la formación obedecen a distintos
patrones. Los primeros, dirigidos a jóvenes con
titulación superior, se realizan en grandes empresas
para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, las
ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una
presencia femenina algo inferior a la masculina. Los
segundos, que articulan la llamada formación dual del
sistema laboral, en teoría se dirigen a cualificar a
jóvenes con bajo nivel educativo, pero, en la práctica,
se utilizan como un contrato barato principalmente en
pymes y micropymes de hostelería y comercio (las
empresas con los CNAE Comercio al por menor y los
Servicios de comidas y bebidas realizan el 35% de las
contrataciones)
En segundo lugar, analiza la progresiva precarización
del contrato para la formación. Paradójicamente, el Real
Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los
contratos para la formación y el aprendizaje y se
establecen las bases para la Formación Dual, eliminó
casi cualquier barrera objetiva o subjetiva para
suscribirlos: se elevó a 30 años la edad máxima a la que
se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que
el contratado tuviera un nivel académico bajo y se
permitió el encadenamiento de contratos siempre que no
fueran para la misma ocupación. “Hoy, señala Lola
Santillana, un licenciado puede ser contratado durante
una año para ‘aprender’ a ser camarero y luego, ser
contratado en la misma empresa, para ‘aprender’ a ser
dependiente y más tarde para ‘aprender’ a ser empleado
de limpieza. El aprendizaje no es más que una coartada
para subvencionar contratos precarios y que las
academias privadas ganen dinero”.
La evolución del número de contratos entre los años 2007
y 2017 puede dividirse en tres etapas: de 2007 al 2012,
hubo aproximadamente 70.000 contratos anuales, se
concentraban en el sector de la construcción y las
personas contratadas eran jóvenes de menos de 19 años
sin titulación académica. En la segunda etapa, de 2013 a
2015, los contratos aumentaron hasta alcanzar un máximo
de 174 mil suscritos en 2015; en su mayoría se
realizaron en los sectores de comercio y hostelería y se
elevó tanto la edad (los menores de 19 pasan a ser sólo
el 14%) como el nivel académico de los contratados/as.
Por último, en 2016 y 2017, descienden por debajo de
50.000 después de que el Gobierno suprimiera la
financiación de la formación a distancia tradicional y
la no acreditable. “Tras las quejas de CCOO y las
denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre el
carácter fraudulento de este tipo de contrataciones, el
Gobierno endureció ligeramente los requisitos, pero
sigue sin proporcionar datos sobre los contenidos de los
cursos, las academias privadas que gestionan tan
abultados recursos económicos, el número de abandonos o
las características de su inserción laboral, si es que
se inserta”, afirma Lola Santillana, “Para abordar
seriamente la Formación Dual, sea del sistema laboral o
del educativo, la duración del contrato no puede ser
inferior a la duración de los estudios, los cursos deben
ser presenciales, y las empresas deben contar con
tutores cualificados. No basta con llamar a algo
Formación Dual para que lo sea, pero denominar formación
dual del sistema laboral a los contratos para la
formación, ha permitido al gobierno inflar las
estadísticas que presenta en foros internacionales”,
concluye la responsable de Empleo y Cualificación
profesional de CCOO.
Cada día que pasa se hace más urgente modificar el marco
normativo para garantizar que estos contratos cumplen,
al menos, con un objetivo formativo y de cualificación.
CCOO llama a la personas con contrato para la formación
a denunciar las situaciones de fraude. |
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