• La corporación presenta los presupuestos de 2018
destinados a la atención social primaria, que han
triplicado su cuantía respecto a la anterior legislatura
hasta alcanzar los 12 millones de euros.
• Jorge Rodríguez: “Los servicios sociales son uno de
los pilares sobre los cuales se sustenta el gobierno de
la Diputació de València, considerándolos no como la
cuarta pata sino como la primera”.
• Rosa Pérez Garijo: “Junto a la Generalitat y los
ayuntamientos, queremos construir unos servicios
sociales dignos, arraigados al territorio, bien dotados
y sin discriminación a la ciudadanía”.
La Diputació de València construye el cuarto pilar del
Estado de Bienestar con su nuevo Modelo de Servicios
Sociales, que se consolida este año con un presupuesto
de 12.252.558 euros. El presidente de la Diputació de
València, Jorge Rodríguez, y la diputada de Inclusión
Social, Rosa Pérez Garijo, han presentado este jueves
los presupuestos destinados a la atención social
primaria, que han cuadruplicado su cuantía respecto a la
anterior legislatura.
En palabras del presidente de la corporación, Jorge
Rodríguez, “no se trata de un concepto caritativo ni
asistencial, sino de justicia social”. Rodríguez ha
incidido en el hecho que el nuevo gobierno ha destinado
en 2018 una inversión de 50 millones de euros para
ayudas de carácter social y educativo, a través de
diversas áreas, “por lo que los servicios sociales son
uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el
gobierno de la Diputació de València, considerándolos no
como la cuarta pata sino como la primera”.
De esta forma, la institución provincial se suma a la
iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana ‘Los
servicios sociales son la cuarta pata’, una campaña de
divulgación con la cual se pretende poner en valor los
servicios sociales municipales y sus profesionales.
Tanto es así, que la silla gigante que simboliza esa
“cuarta pata” se ha instalado hoy en la Plaza Manises y
permanecerá hasta final de mes. “Junto a la Generalitat
y los ayuntamientos, queremos construir unos servicios
sociales dignos, arraigados al territorio, bien dotados
y con capacidad de dar respuesta a las necesidades de la
ciudadanía sin discriminación”, ha resumido la
responsable del área de Inclusión Social, Rosa Pérez
Garijo, encargada de distribuir la dotación. Pérez
Garijo ha puesto énfasis en la consideración del derecho
a los servicios sociales como cuarto pilar de la
sociedad de bienestar, equiparándolo al derecho a la
sanidad, la educación y las pensiones.
La diputada de Inclusión Social ha recordado que
únicamente en la convocatoria de Servicios Sociales
Generales, la corporación provincial ha pasado del 0,87%
del presupuesto en 2015 al 2,59% en 2018. “Hemos pasado
de un sistema asistencial y burocrático a uno de
responsabilidad pública basado en la prevención y la
justicia social”, ha señalado.
REFUERZO DE LOS EQUIPOS SOCIALES DE BASE
En sus tres años de gobierno, el esfuerzo de la
Diputació para apoyar las estructuras técnicas de los
equipos sociales de base ha supuesto un incremento del
478%. Este 2018 se invertirá la suma de 6.856.052 euros,
lo que ha propiciado un mayor ratio de atención: de un
profesional de atención directa por cada 5.400
habitantes, la cifra ha pasado a 2.091 habitantes. “La
intención de esta bajada de ratio es apostar de forma
seria por la inclusión social, y realizar un cambio de
modelo para que ningún ciudadano se quede en el camino”,
ha apuntado el presidente.
Asimismo, los representantes provinciales han señalado
el incremento de la financiación y la cobertura a todos
los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000
habitantes. Concretamente, se trata de una subvención,
inexistente en 2015, de 571.136 euros que beneficiará a
40 entidades locales, las cuales engloban a 147
ayuntamientos de las comarcas valencianas.
“Desde la Diputació de València, consideramos los
servicios sociales y la atención a la dependencia como
una inversión, ya que además de mejorar la calidad de
vida y el bienestar de las personas más vulnerables,
provoca retornos económicos y genera ocupación”, ha
manifestado Pérez Garijo.
Otra de las líneas generales que han visto aumentada su
dotación es la partida destinada a la movilidad de los
profesionales. Con un 22% más que el pasado año, el área
de Inclusión Social invertirá 78.382 euros a 26
entidades locales. Además, incorpora la figura del
asesor jurídico, una subvención para la contratación de
un abogado para el apoyo, asesoramiento y orientación a
todos los ayuntamientos y mancomunidades de más de 5.000
habitantes. |
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