• Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con
Dignidad y Calala Fondo de Mujeres, han presentado el
informe 'El IBEX 35 en guerra contra la vida.
Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos
en América Latina. Un análisis ecofeminista'.
• El informe describe tres conflictos originados por la
acción de varias empresas españolas: Repsol, ACS,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. En
todos los casos analizados se han detectado patrones
comunes en los impactos socioecológicos provocados y en
la violación de derechos humanos cometidos.
• El documento muestra cómo la irrupción de las
transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha
supuesto una reconfiguración de las relaciones de
género.
Durante el año 2017 más de 300 personas defensoras de
los derechos humanos fueron asesinadas por realizar esta
labor. Casi el 70 % de ellas defendían la tierra, el
territorio y el medio ambiente, tal y como señala el
último informe de Front Line Defenders. Pero los
asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón
sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los
intereses corporativos, que incluyen amenazas,
hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones
físicas, legales y sociales.
La acción de las transnacionales españolas en el
exterior no está desvinculada de este contexto. El
informe visibiliza y denuncia los impactos
socioecológicos y la vulneración de derechos humanos
cometidos por la acción de empresas españolas en América
Latina.
SE PRETENDE ASÍ MOSTRAR LA OTRA CARA DE LA MARCA
ESPAÑA, A TRAVÉS DE LA DESCRIPCIÓN DE TRES CONFLICTOS:
1. La extracción de gas del proyecto Camisea en la
Amazonía peruana por parte de Repsol.
2. La construcción del complejo hidroeléctrico Renace
por parte del Grupo ACS en Guatemala.
3. El Corredor Eólico del istmo de Tehuantepec en México
que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y
Renovalia.
Lejos de constituir casos aislados de malas prácticas,
los ejemplos descritos en este informe dan cuenta de un
problema sistémico. Por eso, todos ellos presentan
patrones comunes en la actuación de las transnacionales.
En primer lugar, los megaproyectos de las empresas
analizadas se ubican en territorios indígenas y
campesinos, provocando graves impactos socioecológicos
en las zonas donde se asientan. Contaminación y
acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y
fragmentación de ecosistemas, y pérdida de biodiversidad
son algunos de los impactos ecológicos provocados por
las empresas de forma sistemática en todos los casos
analizados.
Para las poblaciones locales la llegada de las
corporaciones ha supuesto una pérdida de su soberanía
alimentaria y su autonomía, y una ruptura de sus formas
de reproducir la vida tanto en términos materiales como
socio-culturales.
Asimismo se han detectado patrones sistemáticos de
vulneración de derechos humanos cuando las empresas
españolas tratan de implantar sus megaproyectos en los
territorios. La ausencia de un ejercicio de consulta
previa, libre e informada tal y como exige el Convenio
169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, es un rasgo común
en todos los casos analizados, pero no el único.
Desinformación, engaños, firma de contratos abusivos,
incumplimiento de acuerdos, sobornos, generación de
redes clientelares, cooptación de dirigencias locales,
extorsión, injerencias e infiltración en organizaciones
locales son algunas de las tácticas identificadas que
utilizan las compañías.
En este contexto, las defensoras y defensores del medio
ambiente que se oponen a los intereses corporativos son
objeto de procesos de criminalización, acoso,
persecución, estigmatización, judicialización, amenazas,
agresiones y asesinatos cometidos en el marco de los
conflictos.
Estas agresiones no siempre son cometidas directamente
por los actores corporativos, pero todas ellas tienen
lugar en el marco de los conflictos originados por sus
actividades, y están dirigidas a asegurar los intereses
económicos de sus inversiones.
MIRADA ECOFEMINISTA
A partir de un análisis ecofeminista, el informe muestra
cómo la irrupción de las transnacionales en comunidades
indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración
de las relaciones de género. La implementación de los
megaproyectos se asienta sobre la existencia de
desigualdades entre mujeres y hombres, y las profundiza.
Los impactos de género que el informe relata son
múltiples y variados, por ejemplo: exclusión de las
mujeres de los procesos de toma de decisiones (al
impulsar negociaciones bilaterales y no colectivas),
precarización económica de las mujeres (al fomentar la
dependencia del trabajo asalariado, un sector muy
masculinizado en las zonas descritas), o el aumento de
la inseguridad en la vida de las mujeres, de su control
social y de las violencias de género (provocados, entre
otras causas, por la militarización de las zonas y el
gran aumento de presencia de hombres foráneos,
relacionado con los trabajos de infraestructuras).
Ante este escenario, no es de extrañar que las mujeres
estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la
defensa del territorio y la naturaleza. El informe
reconoce el papel fundamental de las mujeres activistas
frente a los intereses corporativos. Con su trabajo
diario, las defensoras recuperan el espacio político en
el cual no han sido reconocidas y se constituyen como
referentes para poder construir paradigmas de vida
alternativos frente a un escenario global de crisis
ecológica y civilizatoria.
Frente a esta situación, el informe señala la necesidad
urgente de poner en marcha varias medidas políticas,
entre ellas:
• Impulsar y establecer marcos normativos nacionales e
internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas
transnacionales y Derechos Humanos, que establezcan
regulaciones de obligado cumplimiento e impongan
sanciones frente a las violaciones cometidas.
• Suspender y abandonar las negociaciones sobre tratados
de comercio e inversión (como el TTIP, CETA, TISA y
otros que la Unión Europea pretende implementar con
México, Mercosur, Japón, etc.), ya que refuerzan la
arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las
transnacionales y ponen la generación de beneficios
económicos por encima de cualquier proceso de
reproducción de la vida.
• Incentivar el desarrollo de formas de economía social,
feminista y ecológica, centradas en el bien común y no
en la acumulación de plusvalía monetaria, que pongan en
el centro los procesos la sostenibilidad de la vida y
garanticen la equidad social. |
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