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• CCOO señala que la norma aprobada no
cumple con su función de trasponer la Directiva
2014/95/UE, ni en cuanto a su finalidad ni en cuanto al
alcance de su contenido, y es más restrictivo que la
Directiva Europea, por lo que es necesario introducir
modificaciones que corrijan estos aspectos. Asimismo,
critica que el Gobierno tramite una norma utilizando
nuevamente el recurso del decreto-ley.
El Pleno del Congreso ha aprobado el pasado miércoles la
convalidación del decreto ley 18/2017, de 24 de
noviembre, que transpone la directiva sobre divulgación
de información no financiera y diversidad con los votos
a favor del PP, Ciudadanos, PNV y el PDeCAT, y la
abstención del PSOE, Unidos Podemos y ERC. Sin embargo,
su tramitación se llevará a cabo como proyecto de ley,
propuesta solicitada por los partidos que se han
abstenido en la votación.
El RDL viene derivado de la necesidad de trasponer la
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2014 en lo que respecta a
la necesidad de aumentar la trasparencia de la
información social y medioambiental facilitada por las
empresas, y mejorar la divulgación de estos contenidos
por parte de éstas. La divulgación de información no
financiera contribuye a medir, supervisar y gestionar el
rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad
(RSE) y debe incluir, entre otros, los factores sociales
y medioambientales, con el objetivo de identificar
riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza
de todos los grupos de interés.
En el estado no financiero se deben incluir cuestiones
sociales y relativas al personal, medidas para
garantizar la igualdad de género, la aplicación de
convenios fundamentales de la OIT, las condiciones de
trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de
los trabajadores a ser informados y consultados, el
respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad
en el trabajo; derechos humanos, la lucha contra la
corrupción y el soborno, información sobre la prevención
de las violaciones de los derechos humanos y/o sobre los
instrumentos existentes para luchar contra la corrupción
y el soborno.
Para CCOO, el contenido social, laboral y medioambiental
de la Directiva que afecta directamente a la
responsabilidad social, se ha visto eclipsado por un
enfoque economicista. Las medidas no tienen en cuenta la
naturaleza multidimensional de la RSE, ni el nivel
suficiente de comparabilidad que responda a las
necesidades de todos los grupos de interés.
El conjunto de valores impulsados por la RSE construiría
una sociedad más cohesiva y prepararía la transición a
un sistema económico sostenible, con empleos estables y
de calidad. La RSE no puede ser una herramienta
empresarial de “estética”, sino de “ética”.
CCOO ya presentó “observaciones” al anteproyecto de ley,
subrayando la falta de participación en la elaboración
de la trasposición tanto del CERSE, como de las
organizaciones sindicales. |
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