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• La concejala de Vivienda, María Oliver se ha reunido
hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.
En sus alegaciones al Plan Nacional de Vivienda
2018-2021, la concejala María Oliver, junto con los
representantes de estas ciudades, exige una inversión
que equipare España al resto de países europeos “con
políticas más acordes a la idea de vivienda como derecho
fundamental”. En su reunión con el secretario de Estado
de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio
Gómez-Pomar, los concejales han propuesto cambiar la Ley
de Arrendamientos Urbanos, alargando los contratos para
evitar aumentos de precio indiscriminados.
La concejala de Vivienda de València, María Oliver,
junto con sus homólogos en los ayuntamientos de Madrid
(José Manuel Calvo), Barcelona (Josep Maria Montaner),
Cádiz (Eva Tubío), Santiago de Compostela (Jorge
Duarte), A Coruña (Xiao Varela) y Zaragoza (Pablo Híjar),
se ha reunido hoy con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio
Gómez-Pomar, para presentarle personalmente sus
alegaciones al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 que
está en proceso de tramitación. Una de las principales
propuestas que han presentado ha sido dotar este plan de
2.000 millones de euros de inversión para 2018, e
invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo
largo de los últimos años de reducción drástica del
gasto público en políticas de vivienda. En la
actualidad, el gasto destinado a vivienda de la
Administración General del Estado supone el 0,059 % del
PIB (467 millones de euros en 2017). “Y si continúa con
la tendencia actual de recortes en materia de vivienda
(que han supuesto una reducción de 1.000 millones de
euros en los últimos 8 años), las políticas públicas de
vivienda desaparecerán en 5 años”, ha advertido Oliver.
La concejala ha asegurado que “el acceso a la vivienda
es un derecho básico constitucional. La
irresponsabilidad del Gobierno central nos ha dejado un
desierto social en materia de vivienda. Mientras Austria
tiene un 24 % de alquiler social y Reino Unido un 17,6
%, España dispone de un ridículo 2,5 %. Los gobiernos
del cambio estamos aquí para exigir al Gobierno central
que sea sensato y solidario con la gente, que actúe y
deje de mirar hacia otro lado cuando ciudadanía lo
necesita”.
La reclamación de los siete ayuntamientos es que en el
plazo de 10 años el gasto público se sitúe en el 1,5 %
del PIB. Este incremento anual permitiría que España se
equiparase al resto de países europeos que impulsan
políticas más acordes con el principio de la vivienda
como un derecho fundamental que, de hecho, está recogido
en el artículo 47 de la Constitución española. Los
representantes municipales insisten en que los
ayuntamientos son las administraciones más próximas a la
ciudadanía, y son las que más sufren la falta de
recursos públicos para garantizar la vivienda como un
bien de primera necesidad.
ALTERNATIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA
Las propuestas presentadas por los concejales y
concejalas que hoy se han reunido con Gómez-Pomar
incluyen otras medidas concretas para aumentar el parque
de vivienda pública. Destacan las de tipo financiero y
las propuestas para potenciar nuevos modelos de cesión
de vivienda.
En el caso de las medidas de tipo financiero, proponen
que el Instituto de Crédito Oficial disponga de líneas
de financiación específicas para proyectos de vivienda
protegida, que desde el Gobierno se dé apoyo técnico y
financiero para solicitar financiación y ayudas
europeas, o que se establezca un estudio sobre sistemas
de financiación de vivienda pública, social y asequible
para conseguir la convergencia europea. Se pretende,
además, establecer un marco legal para impulsar
alternativas como el derecho de superficie en cesión de
uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.
Entre las alegaciones presentadas al Plan Nacional de
Vivienda, los ayuntamientos también plantean la
necesidad de evitar la especulación con la vivienda
pública de compra. “La propiedad del suelo de este tipo
de viviendas no debe pasar a manos privadas al cabo de
los años, como sucede en la actualidad”, ha explicado
Oliver, quien también se ha referido a otras propuestas
como obligar a la SAREB y a otras entidades rescatadas
con fondos públicos a incorporar inmuebles vacíos al
fondo de viviendas para el alquiler social: “En el
redactado actual del Plan, las aportaciones son
voluntarias, cosa que se ha demostrado que es ineficaz.”
Además, según ha dicho la concejala, “las ayudas a la
rehabilitación deben priorizar al pequeño propietario
con escasos recursos económicos por delante del gran
propietario, y tienen que prever medidas para que las
mejoras que se realizan con ayuda de fondos públicos no
puedan repercutir en un incremento excesivo del contrato
de alquiler que expulse a los vecinos y vecinas”.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado
la visita de hoy a la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda para poner
sobre la mesa la reivindicación de modificaciones en el
marco legal y normativo que protejan a los inquilinos.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) debe alargar la
duración mínima de los contratos, puesto que se ha
demostrado en muchas ciudades que la reducción a 3 años
que se llevó a cabo en la última actualización de esta
ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima
de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Además,
los ayuntamientos reclaman que la LAU permita a las
comunidades autónomas, en coordinación con los
municipios, que puedan, si así lo requieren y si se da
el caso de una alta demanda acreditada, regular los
alquileres para evitar los precios abusivos.
Eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIS es otro
de los planteamientos que ponen sobre la mesa los
ayuntamientos, ya que la actividad de estas sociedades
repercute negativamente en el mercado de alquiler, y
gracias a las excepciones de tributos y a las
bonificaciones fiscales sus ganancias superan los 5.000
millones de euros. La compra de vivienda habitual por
parte de personas y entidades extranjeras no residentes
también debe ser penalizada fiscalmente. |
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